La intolerancia, la prepotencia, los ataques del corporativismo, en esta ocasión, contra las empresas periodísticas, son resabios antidemocráticos que, a 25 años de estabilidad institucional, no hemos superado. El martes pasado, alrededor de 200 camioneros, liderados por el gremialista Pablo Moyano, hijo del titular de la Confederación General del Trabajo, bloquearon las plantas impresoras de los diarios "Clarín" y "La Nación" con el objetivo de impedir su distribución. El motivo del reclamo era pedir aumentos salariales y la efectivización de empleados pertenecientes a compañías de distribución que no son periodísticas y no poseen vinculación con los diarios.
La medida de fuerza por tiempo indeterminado se levantó dos horas después de que en la Casa Rosada se reunieran el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el de Trabajo, Carlos Tomada, con Hugo Moyano y el presidente de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines. Lo preocupante es que, una vez zanjado el entredicho, el Gobierno nacional no se haya pronunciado oficialmente sobre este atentado contra la libertad de prensa.
El gremio de los camioneros ha hecho del bloqueo su mejor arma de presión: en 2004 impidió la entrada y salida durante 48 horas en los 24 supermercado de Carrefour en todo el país; en 2005, tuvo que intervenir el entonces presidente Néstor Kirchner para que se levantara el bloqueo al hipermercado Coto, en el que se enfrentaron camioneros con policías; en 2006, 3.000 camiones sitiaron las plantas petroleras de Campana, Mar del Plata, Campana, Vicente López y Dock Sud, entre otras.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación y repudio por el bloqueo ilegal que realizaron camioneros a las plantas impresoras de ambos matutinos. La entidad señaló: "A la manifiesta ilegalidad del ataque -que vulnera derechos constitucionales básicos, como los de expresión, trabajo y libre circulación de personas y bienes- se suma el hecho de que este es consecuencia de la pretensión de un sindicato de cuestionar el encuadramiento gremial de quienes tienen a su cargo la distribución de diarios, revistas y afines. Adepa hace un llamado a la reflexión a los responsables de una medida que perjudica a terceros extraños al conflicto, como editores y lectores. Y apela a que la resolución de eventuales diferencias entre gremios se dirima por las vías y en los ámbitos correspondientes, como el Ministerio de Trabajo. Debe preservarse, ante todo, la paz social, la integridad de personas, bienes y demás derechos amparados por la Constitución Nacional, como el de la sociedad a estar informada".
Conocida es la animadversión del Gobierno nacional hacia la prensa no oficialista, así como la alianza entre el líder de la Confederación General del Trabajo con la actual y la anterior gestión presidencial. No se entiende que la protesta se haya dirigido contra las dos empresas periodísticas, cuando el conflicto se había suscitado entre los trabajadores y las compañías de distribución que no son periodísticas y que no tienen vinculación con los matutinos. El Gobierno debería haberse pronunciado con contundencia sobre este lamentable episodio en forma inmediata; sin embargo, no lo hizo, dando lugar a todo tipo de especulaciones. "El que calla, otorga", reza un antiguo refrán.
La libertad de prensa no es una concesión feliz de los gobiernos de turno o de los sindicatos, es un mandato de la Constitución nacional. Si desde el máximo poder se avalan las acciones patoteriles de las corporaciones, flaca contribución le estará haciendo a la democracia.
