BUENOS AIRES.- Tres episodios bien controversiales sacudieron la semana política y en los tres tuvo que ver, por acción u omisión, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: el anuncio del paquete de jolgorio impositivo y previsional; la situación energética, secuela de la ola de calor, que mantuvo la cabeza de Julio de Vido flameando en una pica; y la aberración del gremio camionero, que bloqueó la salida de las plantas de impresión de Clarín, de Olé, de La Nación y de las revistas de Editorial Perfil, sin que a ningún funcionario se le haya movido un pelo. En cuanto al triple jubileo, presentado bajo la figura de un paquete anticrisis que incluye una regularización tributaria urbi et orbi, un blanqueo laboral para las PyME y una zanahoria gigante para la repatriación de capitales, el mismo cuela en este último ítem una píldora venenosa de improbable ingesta: el posible lavado de dinero, proveniente de los más variados ilícitos.
Ya que un par de horas luego de que la Presidenta lo anunció, una nota analítica de este periodista señalaba cuál iba a ser el desafío más grave que a superar por el Gobierno en la materia: cómo hacer para blanquear capitales sin lavar dinero, se decía entonces en el título.
Unos días después, con el texto de la futura ley en la mano y con toda la oposición zapateando sobre la mesa, el análisis se ha convertido en premonición, abonada por charlas con expertos y hasta por declaraciones sugestivas de primeras espadas del oficialismo, como el senador Miguel Pichetto: así, como está, al proyecto le va a costar mucho pasar por el Congreso, sobre todo en lo que hace a la exteriorización de bienes no declarados.
Y no sólo puede darse este escenario por cuestiones políticas o por los reparos morales que se pudieran extraer de la norma en su conjunto, incluida la demolición de la nueva cultura tributaria de la que se jactaba la AFIP, sino porque los abogados le ven puntos de colisión insalvables con otras leyes, incluidas varias del Código Penal, en materia de lavado de dinero.
Por ejemplo, la Ley de Lavado presume que todo aquel que evade más de $ 100.000 es un lavador y el proyecto dice claramente que al dinero negro no le cabe la figura de evasión tributaria, una gran contradicción que los abogados opinan que no podrá arreglar la reglamentación. Otro punto que se reprocha es que hoy, cuando aparecen fondos de dudosa procedencia, las entidades financieras tienen que dar aviso a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que no se nombra en el proyecto, ni siquiera para eximirla de la responsabilidad de investigación y control que le impone otra Ley. Es más, en el mismo se ampara expresamente el origen, dudoso o no dudoso, del dinero cuando se dice que quienes normalicen su situación no estarán obligados a declarar la fecha de compra de las tenencias que se exteriorizan, ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas.
Todo el proceso de elaboración de la ley, una vez más, aparece como algo muy desprolijo o hecho de apuro o -según la oposición- hecho adrede, ya que se trata de una legislación que colisiona con tratados y agencias internacionales, como la DEA, que combaten el lavado en todas sus formas, ya que la modalidad es una de las fuentes de financiamiento del terrorismo.
Por supuesto, la pretensión de traer fondos externos no registrados al país, en un año en que la salida de capitales declarados ha sobrepasado los U$S 15.000 millones (más de U$S 25.000 millones, en los últimos tres), parece una utopía difícil de alcanzar, sobre todo por los antecedentes que tiene la Argentina, en general, y los Kirchner, en particular, en materia de mostrar poco apego al cumplimiento de las reglas de la seguridad jurídica. Allí está la confiscación de los fondos privados de jubilación, como ejemplo cercano. Además, en el capítulo dedicado a la Regularización de Tributos y Recursos de la Seguridad Social hay otras píldoras con ponzoña que también resisten los opositores, porque las sospechan dirigidas a la protección de los amigos del poder, aunque estos salvatajes han sido una constante en moratorias anteriores como la suspensión de las acciones penales y la extinción a la cancelación total, previsiones que acaban de tirar por la borda aquella famosa frase de Néstor Kirchner del traje a rayas para los evasores, pronunciada cuando asumió la Presidencia en 2003. Ahora, el proyecto entró en el laberinto del Congreso y la idea es que el 10 de diciembre, a un año de la asunción de CFK, tenga media sanción y que el 23 de diciembre sea Ley, debido a que, por detrás, hay toda una necesidad recaudatoria que no convendría demorar por mucho tiempo.
Este martes irán a defenderlo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni, dos convidados de piedra en la gestación del paquete que, fiel a las estrategias kirchneristas, fue discutido y elaborado en el microclima de la quinta de Olivos.
En este punto, llamó la atención y ya se ha dicho, que siempre antes las medidas se habían tomado de a una en fondo, ya que el ex presidente Kirchner no es afecto a los paquetes, pero el cambio de modalidad no es el único paso propio que se le atribuye al deseo de la presidenta de la Nación de quien, por algunas de sus actitudes, se sospecha que está a la búsqueda de un cierto grado de independencia operativa, aunque no ideológica, de su esposo, tras las imprudentes manifestaciones públicas de éste sobre el vicepresidente que me pusiste, que degradaron gratuitamente la investidura presidencial.
En cuanto a la modalidad del todo o nada, no deja de ser una pena que esta vez se haya mandado el paquete al Congreso al estilo de las leyes ómnibus que Roberto Dromi y Domingo Cavallo supieron imponer en los 90, ya que por hacer las cosas rápidas y con poca discusión, tal como el Ejecutivo quiere también que se haga en este caso con la excusa de la crisis externa, se podría perjudicar a las PyME. A la llave de la situación pueden tenerla los diputados, si se animaran a abrir el proyecto en tres, porque entre los 48 artículos del paquete hay todo un capítulo dedicado a la Regularización del Empleo No Registrado y a la Promoción y Protección del Empleo Registrado, ambos con prioridad en las PyME, que bien valdría la pena impulsar para darles facilidades que, si estas se atreven a inscribirse, pueden ayudarlas en los tiempos que vienen.
Si el Gobierno encontró en la crisis internacional el pretexto ideal para justificar el tenor de estas medidas, también el ministro De Vido halló en las altas temperaturas el aliado justo para el yo no fui de circunstancias, al que toda la administración tiene acostumbrados a los ciudadanos. Pero en esta oportunidad, la presencia del funcionario frete a la TV resultó irritativa para mucha gente, sobre todo porque en su primer discurso erró el foco del problema y habló peyorativamente de problemitas en la distribución, una manera elegante de echarle el fardo a Edenor, a Edesur y a Edelap.
La falta de ejercicio en el arte de la comunicación le hizo hacer entonces una sesuda disertación sobre lo bien que le había ido al país en materia de generación, algo que los expertos también discuten, debido a la insuficiencia de oferta mostrada durante los últimos cinco años. Descolocado, el ministro se llenó la boca con las reservas eléctricas, pero la incongruencia fue tal que, mientras De Vido se ufanaba de que le sobraban megavatios y que esta vez no se necesitaba importarlos para afrontar la crisis, miles de familias se derretían y sus alimentos y medicinas se alteraban de modo irremediable, porque las redes que debían llevar esa electricidad hasta sus casas no daban abasto.
Luego, varió hacia motivos algo más lógicos, como la inusual ola de calor y la demanda motorizada por artefactos algo obsoletos a los que accedieron muchas personas, incentivados por el consumo que propició el mismo Gobierno, aunque para el ministro esto haya resultado todo un problema, ya que los fideicomisos que permitieron la financiación de los usuarios habían sido sostenidos, se dijo, por las estigmatizadas AFJP. También prometió sanciones, ya que el Gobierno no se ha caracterizado por ser permisivo de las concesionarias de servicios públicos, dijo, y sacó a relucir los casos del Correo y Aguas Argentinas para meterle presión a las distribuidoras.
"Vamos a hacer las investigaciones del caso y un análisis de cada zona en particular y dónde haya habido negligencia, las distribuidoras van a ser duramente castigadas. No sólo es un compromiso, sino es un hecho que el Gobierno lo ha llevado adelante en otras oportunidades. Con las que incumplieron, (los contratos) fueron rescindidos", tronó y en estos tiempos de retorno a las fuentes, dejó flotando la sombra de una nueva Segba en el horizonte, sobre todo después de que les agradeció a Luz y Fuerza su contracción al trabajo.
Pese a todo, De Vido parece haberle sacado por el momento las papas del fuego al Gobierno, ya que en los múltiples cacerolazos que hubo en las esquinas de los barrios a oscuras, las mayores diatribas fueron siempre para las empresas que tienen que poner la cara ante la gente y no contra la política de tarifas planchadas que demoró las inversiones en nuevas redes y refuerzos en la distribución, más allá de los mantenimientos. Muchas de esas manifestaciones hicieron recordar a las de 2001, cuando se le reclamaba a los bancos por el corralito que había impuesto el gobierno de Fernando de la Rúa.
Por último, una mención al dislate del gremio de Hugo Moyano al que, tras la fachada de una reivindicación y más allá de los métodos de prepotencia elegidos para bloquear las plantas de impresión de los medios de mayor circulación, no se puede despojar de intencionalidad política, sobre todo por la cercanía del dirigente con la quinta de Olivos y porque desde el propio Gobierno no se alzó una sola voz de condena al episodio. La situación, que desactivó el ministro de Trabajo con una convocatoria a conciliación obligatoria, parece a priori de carácter sindical, como otras que llevaron adelante los camioneros para sumar a los choferes a sus huestes, lo que automáticamente elevaría los salarios de convenio. Pero este no ha sido el punto contra el que, de modo unánime, se expidieron las organizaciones periodísticas que defienden la libertad de prensa, ya que, por detrás, hay un entramado que dejaría indefenso a los ciudadanos y a merced del discurso único: el que controle la distribución de diarios y de revistas puede ser quien decida qué se lee y que no se lee en la Argentina.
