Fueron dos semanas durísimas. A lo largo de ese tiempo, se sustanció en Tribunales un juicio que terminaría siendo histórico: tres policías fueron condenados ayer por torturar a un joven de 20 años a quien, hace poco más de siete años, le fracturaron la mandíbula a patadas frente a la comisaría de Ranchillos.
El 18 de marzo de 2001 Raúl Francisco García estaba en un baile y a eso de las 21 decidió regresar a su casa, para lo cual debía pasar por frente de la seccional. "Me sorprendí cuando vi que salían tres policías cXorriendo, uno de ellos con la pistola en la mano, y me agarraban del cuello. Yo intenté defenderme y pregunté qué pasaba, y lo único que hicieron fue pegarme", explicó el muchacho a LA GACETA. La paliza fue brutal: le rompieron la mandíbula y le arrancaron varios dientes. "Quedé medio inconsciente. Me alzaron entre los tres y me tiraron dentro de un calabozo. Después me enteré de que ellos decían que yo había tirado piedras contra la comisaría", relató. A pesar de sus súplicas para que lo atendieran, García pasó tres horas dentro de la celda. A la medianoche llamaron al cuñado de García y lo obligaron a entrar con el auto por la parte de atrás de la comisaría, sin permitirle ingresar a la dependencia. Dos policías sacaron al muchacho a la rastra y lo tiraron dentro del auto. El joven había sufrido graves heridas internas .
Al otro día, su padre, Héctor García, lo trasladó hasta el Hospital Centro de Salud; los dolores eran insoportables. Luego radicaron la denuncia en la sede de la Regional Este, en Lastenia.
El domingo 26 de marzo, el por entonces jefe de Policía Luis Valdiviezo dispuso el pase a disponibilidad de los policías acusados, Néstor Humberto Alderetes, Héctor Rufino Avila y Hugo Omar Reguera.
Héctor Abraham Musi, en ese momento fiscal de Instrucción, analizó la causa y decidió que los policías debían ser sobreseídos, pero el juez de Instrucción Alfonso Zottoli opinó lo contrario: según su dictamen, debía imputárseles el delito de lesiones gravísimas. Como las resoluciones eran contradictorias intervino el fiscal de Cámara Juan Santos Suárez, quien le dio la razón al juez. La causa recayó en la Sala I de la Cámara Penal.
Arduas jornadas
El lunes 17 de noviembre los jueces Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Alberto Piedrabuena dieron inicio a las audiencias, que se sucedieron por la mañana y por la tarde hasta ayer. Al declarar, García no dudó en acusar a los policías y recordó que, además de las lesiones, había sufrido un daño psicológico como consecuencia de la golpiza. Los acusados, en tanto, sólo dijeron que ellos habían intervenido en una pelea entre varios jóvenes que estaban ebrios y negaron haber golpeado al muchacho. Durante la instrucción se demostró que los policías no habían documentado que el muchacho había estado detenido. Además, algunos de los testigos dijeron haber sido amenazados: indicaron que Alderetes era quien les llevaba las notificaciones para que se presentaran a declarar, y que en esas circunstancias les decía: "ya sabés lo que tenés que decir, ¿no?". Otro relató que los policías lo habían llevado a una escribanía para que hiciera una declaración a su favor, a cambio de $ 150. "Yo no tenía trabajo, ¿qué querían que hiciera?", se justificó ante los jueces cuando admitió que había aceptado el dinero.
Antes de que se produjeran los alegados, la fiscala de Cámara, Juana Prieto de Sólimo, pidió que se sumara a la calificación el delito de torturas. A la solicitud se adhirió el representante de la querella, Juan Roberto Robles. Ambos pidieron que los imputados fueran condenados a 10 años de prisión.
Por su parte, los defensores Estela Velia Giffoniello, Alvaro Zelarayán y Patricia Aybar Crito solicitaron que los policías fueran absueltos (dijeron que se presentó un solo testigo presencial, y que dijo haber visto la golpiza a más de 80 metros), o en todo caso que no se sumaran las penas de ambos delitos. Mientras Giffoniello hizo una defensa sobre la base del Derecho (citó gran cantidad de jurisprudencia), los otros defensores se complementaron atacando los hechos.
Los jueces decidieron condenar a Alderetes y a Avila a nueve años de prisión, e impusieron ocho a Reguera. Al mismo tiempo decidieron que los acusados permanecieran en libertad hasta que la sentencia quede firme y enviaron la causa nuevamente a instrucción para que se investigue a al menos otros cinco policías que, se sospecha, pueden estar vinculados al ataque.
"Yo lo único que quería es que se hiciera justicia. Estos tipos se creen que por ser policías pueden hacer lo que quieren. El fallo también es bueno para que la gente se anime a denunciar. Estos abusos no se deben repetir", declaró, emocionado, García.
