Bogotá.- Con un llamado de atención a la conducción castrense y la suspensión de un esquema de recompensas, el gobierno colombiano reaccionó a la eventualidad de que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas militares puedan ser juzgadas por la Corte Penal Internacional (CPI). Las autoridades intentan, así, superar la advertencia hecha en un informe oficial por el Fiscal General, Mario Iguarán, acerca de que si se comprueba que las ejecuciones extrajudiciales son una práctica común en las Fuerzas Militares colombianas, el hecho podría ser juzgado por la CPI.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossío, afirmó que habrá una revisión de la política de recompensas a quienes reporten bajas en combate, ante la posibilidad de que se esté ejecutando a inocentes con el objeto de hacerlos pasar por guerrilleros y cobrar recompensas.
El comandante del Ejército de Colombia, general Mario Montoya, dijo que de ahora en adelante las condecoraciones por operaciones de orden público no se entregarán por el número de bajas sino por resultados, como capturas o la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales.
Sociedad criminal
La percepción que tiene el gobierno es que los militares pactaron alianzas con bandas criminales para engañar a los jóvenes y hacerlos aparecer como miembros de grupos irregulares, a fin de conseguir premios y elogios de sus superiores por los supuestos buenos resultados.
Por otra parte, el ejército pidió al jefe militar de las FARC, Jorge Briceño “Mono Jojoy”, que se entregue para evitar la muerte de integrantes de la insurgencia. “Jojoy debe admitir que su organización cada día está más disminuida”, dijo un oficial. (AFP-Télam)
