Cada vez que se consulta a diputados tucumanos sobre iniciativas polémicas, las posiciones de oficialistas y de opositores parecen irreconciliables. Y la propuesta del gobierno de Cristina Kirchner de estatización de las jubilaciones priva- das no es la excepción. Así, mientras Gerónimo Vargas Aignasse (Frente para la Victoria) remarca las ventajas de la solidaridad del sistema de reparto, José Ignacio García Hamilton (UCR) apunta que no se puede violar la propiedad privada ni el derecho a elección.
Según Vargas Aignasse, los sistemas previsionales solidarios y de pacto generacional son los que rigen en el Primer Mundo. "El sistema de AFJP se aplicó sólo en Chile, en Polonia y en países de Latinoamérica, con resultados siempre perjudiciales para el aportante", enfatizó. Y ponderó que en la Argentina, en el sistema de capitalización, al 77% de los jubilados por AFJP el Estado debe aportar recursos del sistema de reparto para que alcancen la jubilación mínima. "El régimen individual ha resultado insuficiente", dijo. Afirmó que la crisis financiera internacional exige a los Estados preservar lo más posible el interés de sus ciudadanos. Admitió también que la iniciativa puede sufrir modificaciones y calificó de ignorantes o de movilizados por la mala fe a quienes dicen que el Gobierno busca hacerse de caja.
Desde la otra vereda, García Hamilton sostuvo que hay 3,5 millones de aportantes al régimen de capitalización que, habiendo contado con la posibilidad de pasar sus ahorros al Estado, los mantuvieron en las AFJP. "Debemos respetar la opción de la gente", afirmó el parlamentario radical. Comentó que esta semana el bloque radical sesionará para unificar la postura, aunque anticipó que, como está el proyecto, no será apoyado por esa bancada. "Según el Gobierno, esos fondos no se van a tocar. Pero las promesas no me dicen nada: los van a tocar igual", dijo García Hamilton.
Al respecto, la senadora tucumana Delia Pinchetti de Sierra Morales (Fuerza Republicana) fue irónica: "si Cristina fuera como Pinocho, se pisaría la nariz cada vez que habla de la intangibilidad de los fondos de la Anses. Hace años que los timbean. Cómo será que, en medio de la discusión sobre la movilidad previsional, ese organismo prestó al gobierno de Córdoba U$S 300 millones para la obra de una nueva central eléctrica, y el Gobierno cordobés prometió devolver ese dinero, pero con una emisión de títulos", señaló. La legisladora bussista apuntó que nadie les preguntó a los dueños de esa plata no sólo si quieren sostener con sus ahorros los gastos y despilfarros del Gobierno nacional, sino también las elecciones del año que viene.
