Cruce de acusaciones entre empresarios

Crece la disputa por un permiso precario otorgado por Amaya para explotar la línea 10.

PRESION. El viernes hubo una protesta de choferes frente al municipio. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
PRESION. El viernes hubo una protesta de choferes frente al municipio. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
Por Redacción Política 24 Agosto 2008
La interna empresarial condiciona la marcha del proceso de licitación de los recorridos de las líneas 10 y 12. A la espera de que la Municipalidad resuelva cuál será la firma beneficiada, dos sectores vinculados al transporte público de pasajeros mantienen una feroz disputa que incluye acusaciones sobre presuntas irregularidades y que ya afectó a miles de usuarios con el sorpresivo paro de choferes del viernes.
Durante la mañana del último día hábil de la semana, los pasajeros habituales de las líneas 10, 12, 3, 110 y 103 se quedaron sin transporte a partir de la medida de fuerza dispuesta por los trabajadores de Cerro Pozo, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que explota de manera precaria algunos de esos recorridos. La estruendosa manifestación frente la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle, se concretó en medio de una serie de denuncias formuladas por otro sector empresarial. Miguel Villagra, que tiene a su cargo la explotación de la línea 19, había cuestionado por intermedio de LA GACETA algunas de las decisiones adoptadas por el Departamento Ejecutivo.
Específicamente, objetó que, el 10 de junio, el intendente, Domingo Amaya, haya otorgado a Cerro Pozo UTE el recorrido por el cual pugna con otra empresa, antes de que se definiera al ganador de la licitación. El jefe municipal adoptó esa decisión tras revocar la autorización provisoria conferida a la empresa San Cristóbal, que tenía a su cargo el servicio de la línea 10. Ese permiso precario regirá hasta tanto finalice el proceso licitatorio y se adjudique formalmente el servicio a alguna de las empresas oferentes. Hasta el momento, la comisión de preadjudicación no emitió dictamen. Pero otro de los puntos cuestionados es la injerencia del director de Transporte municipal, Julio Rocha, en la licitación. El funcionario se excusó de integrar el grupo de funcionarios que evalúa las ofertas porque es empleado de la empresa Illages, que junto a otras tres firmas conforma la UTE Cerro Pozo.
Frente a la magnitud del escándalo, ayer sentó posición el representante legal de esa unión de empresas. "Si algo contribuyó al clima de intranquilidad que movilizó a los choferes a realizar una protesta fue la sospecha generada por la prédica negativa de un operador ajeno a este proceso licitatorio: el prestador transitorio de la línea 19", aclaró Alcides Courtade en clara alusión a Villagra. El directivo negó que el paro del viernes haya sido motorizado por la empresa. "No se trató de un lock out patronal. Mal pueden nuestras empresas haber promovido este conflicto cuando estamos seriamente interesados en la licitación: nos perjudicaría de modo directo", opinó.
En tanto, rechazó las suspicacias generadas tras la decisión del intendente de otorgarle el servicio a Cerro Pozo UTE antes de que gane la licitación. "El trámite para atender en forma transitoria el servicio de la línea 10 comenzó dos meses antes del llamado formal a licitación. Además, en primer término se le consultó a la otra oferente si podía hacerlo y no dio garantías de ello, por ello la Municipalidad nos convocó", explicó Courtade.

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