Había comenzado mal a causa de las denuncias sobre supuestas irregularidades. Avanzó con tropiezos; después llegó a los tribunales y, al final, terminó cayéndose todo el trámite. La licitación por el mantenimiento del alumbrado público, con un presupuesto millonario, quedó en la nada por decisión del intendente de la capital, Domingo Amaya.
El jefe municipal firmó el decreto 3.664 en el que estableció el cierre definitivo de esa convocatoria, que había originado serios problemas a partir de las acusaciones que hicieron los empresarios tucumanos sobre una supuesta condición de favorita para una empresa foránea.
La empresa Lesko, oriunda de Buenos Aires, había estado enfrentada con la Unión Transitoria de Empresas (UTE de Tucumán) denominada Construcciones Eléctricas (CESA). Esta última denunció en la Justicia que la intendencia procedió de manera irregular con el objetivo de beneficiar a la firma Lesko SA, luego de abrir los sobres con la oferta técnica. En ese momento, el concejal Claudio Viña (FR), fue uno de más críticos sobre este tema, porque -según dijo-, inventaron un negocio a costa del Estado (Ver "El edil...").
El caso llegó a tribunales cuando la UTE tucumana demandó al municipio a principios de mayo, con el patrocinio de la abogada Lidia Martorell. "Hay una voluntad cierta de exclusión de las empresas tucumanas, a través de graves vicios que atentan contra los principios de igualdad, concurrencia y transparencia que deben regir una licitación", había señalado la letrada el 6 de mayo.
Sin embargo, el municipio siguió adelante con el proceso licitatorio y una semana después (14 de mayo) se firmó la adjudicación de la licitación en favor de la empresa Lesko.
En tribunales
En medio del proceso, una resolución judicial había ordenado al municipio que permitiera la participación de las empresas tucumanas, firmada por el vocal Carlos Giovanniello de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Pero La comisión de preadjudicación, encabezada por el secretario de Obras Públicas, Fernando Insaurralde, aconsejó la adjudicación de la licitación a Lesko. Con esa documentación, el intendente Domingo Amaya firmó el decreto respectivo que consagra ganadora a esa firma oriunda de Buenos Aires. Luego Giovanniello resolvió que se suspenda la adjudicación por el término de 10 días hábiles. Ante ello, la intendencia recusó al vocal, pero se rechazó ese planteo por inadmisible.
La renuncia
Ahora, el decreto de Amaya dejó sin efecto la adjudicación, en virtud de la renuncia presentada por la firma Lesko, señala el documento que contiene las firmas del secretario de Gobierno, Walter Berarducci, del secretario de Obras Públicas, Fernando Insaurralde y del fiscal municipal, Hernán Colombres.
Además, el intendente determinó, en el artículo cuarto del decreto, que se efectúe otro llamado a licitación pública con la elaboración de nuevos pliegos.
El jefe municipal firmó el decreto 3.664 en el que estableció el cierre definitivo de esa convocatoria, que había originado serios problemas a partir de las acusaciones que hicieron los empresarios tucumanos sobre una supuesta condición de favorita para una empresa foránea.
La empresa Lesko, oriunda de Buenos Aires, había estado enfrentada con la Unión Transitoria de Empresas (UTE de Tucumán) denominada Construcciones Eléctricas (CESA). Esta última denunció en la Justicia que la intendencia procedió de manera irregular con el objetivo de beneficiar a la firma Lesko SA, luego de abrir los sobres con la oferta técnica. En ese momento, el concejal Claudio Viña (FR), fue uno de más críticos sobre este tema, porque -según dijo-, inventaron un negocio a costa del Estado (Ver "El edil...").
El caso llegó a tribunales cuando la UTE tucumana demandó al municipio a principios de mayo, con el patrocinio de la abogada Lidia Martorell. "Hay una voluntad cierta de exclusión de las empresas tucumanas, a través de graves vicios que atentan contra los principios de igualdad, concurrencia y transparencia que deben regir una licitación", había señalado la letrada el 6 de mayo.
Sin embargo, el municipio siguió adelante con el proceso licitatorio y una semana después (14 de mayo) se firmó la adjudicación de la licitación en favor de la empresa Lesko.
En tribunales
En medio del proceso, una resolución judicial había ordenado al municipio que permitiera la participación de las empresas tucumanas, firmada por el vocal Carlos Giovanniello de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Pero La comisión de preadjudicación, encabezada por el secretario de Obras Públicas, Fernando Insaurralde, aconsejó la adjudicación de la licitación a Lesko. Con esa documentación, el intendente Domingo Amaya firmó el decreto respectivo que consagra ganadora a esa firma oriunda de Buenos Aires. Luego Giovanniello resolvió que se suspenda la adjudicación por el término de 10 días hábiles. Ante ello, la intendencia recusó al vocal, pero se rechazó ese planteo por inadmisible.
La renuncia
Ahora, el decreto de Amaya dejó sin efecto la adjudicación, en virtud de la renuncia presentada por la firma Lesko, señala el documento que contiene las firmas del secretario de Gobierno, Walter Berarducci, del secretario de Obras Públicas, Fernando Insaurralde y del fiscal municipal, Hernán Colombres.
Además, el intendente determinó, en el artículo cuarto del decreto, que se efectúe otro llamado a licitación pública con la elaboración de nuevos pliegos.







