"Tenemos que volver a leer la Constitución"

Con el humor que lo caracteriza, el jurista Marcelo Alberto López Alfonsín destacó: "lo triste es que festejamos lo que debiera ser normal. Parece que hay que aplaudir que, en realidad, el Congreso legisle en vez de que la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) decida, como una gracia casi monárquica y dinástica, qué es lo que puede ser (o no) debatido por los legisladores".
El constitucionalista de la Universidad de Buenos Aires, que se especializa en cuestiones ambientales, insistió con su tesitura y con el mismo tono irónico. "Hay que volver a leer la Constitución; en particular, la parte orgánica, que marca claramente cuáles son las facultades de los tres poderes", reflexionó durante una entrevista con LA GACETA. Desde el jueves participó del II Encuentro Federal de Derecho Procesal Constitucional Provincial.

-¿Qué enseñanza institucional dejó el desenlace de la crisis entre el Gobierno nacional y dirigentes rurales por las retenciones móviles?
-Que las atribuciones del Poder Legislativo no se pueden delegar gratuitamente, ni renunciar a ellas. Hubo un avance del Ejecutivo sobre el Congreso, pero también ha habido, por parte de este último -producto de una mayoría política determinada, pero también de una falta de tradición en el ejercicio del control parlamentario-, casi una defección del rol constitucional que tiene en cualquier sistema democrático y en un esquema de división de poderes como el nuestro. Es decir, pongámonos contentos, pero tampoco festejemos algo que debía ser mucho más normal.

-Como contrapartida, en muchas sentencias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aparece imponiéndoles obligaciones a los otros poderes.
-La Corte Suprema les está recordando las facultades que tienen. En materia previsional, por ejemplo en el tema de la movilidad, les dijo: "señores, ustedes deben legislar sobre esto, ya les advertí". En otra causa, también alertó que hay que cubrir las vacantes que se producen en las judicatura, porque las ternas no pueden seguir demorando eternamente en el Consejo de la Magistratura; es decir, advierte que ciertas soluciones que da el sistema político no son constitucionales o no se ajustan a nuestro diseño de división de poderes.

-A veces suele criticarse lo que se considera un excesivo activismo por parte de la Corte. ¿Coincide con esa visión?
-No. Es un activismo sano, hasta casi pedagógico, en el sentido en que no sólo marca límites, lo que es propio de cualquier control, sino también de que pone las cosas donde deben estar. La causa "Mendoza", por la contaminación de la cuenca La Matanza-Riachuelo, es ejemplar en materia ambiental. Ese solo fallo justifica la Corte en su actual integración. Además, fue votado por unanimidad, práctica que se está retomando, porque la construcción del consenso también es necesaria en un órgano colegiado como es la cabeza del Poder Judicial. Hay muchos signos como para tener motivos para la esperanza en este sentido.

-La Constitución de 1994 garantiza una amplia protección del medio ambiente. Sin embargo, la cuestión pareciera correr otra suerte en la realidad.
-Tenemos una Ley General del Ambiente, que es de avanzada y que cumple con el mandato constitucional del artículo 41. Pero esta norma dispone que la máxima autoridad, la Secretaría de Medio Ambiente, todos los años debe brindar un informe al Congreso. Pero ni la secretaria va al Congreso ni este le requiere que le diga cuál es la situación de nuestros recursos naturales o el estado ecológico del país, para llamarlo de forma más rimbombante. Frente a estas inacciones, la Corte ha cumplido su mandato en la causa "Mendoza", que es ejemplificadora para los tribunales inferiores. No en vano, en Tucumán, fueron celebradas audiencias en matera ambiental (en la Justicia Federal). Esto porque ven que arriba, en la cabeza del Poder Judicial, hay una política activa y garantista que los sostiene.

-Para recomponer el daño ambiental hay herramientas en materia civil y penal, como la Ley de Residuos Peligrosos. ¿Se las aprovecha?
-Suelo resaltar más lo que se hace en materia civil que en la faz penal. No porque no interese esta última, sino porque el Derecho Penal es el último recurso de un sistema jurídico. Entonces, empezar por la persecución criminal es gastar todas las balas en un primer intento. Antes, hay que ir creando progresivamente conciencia a través de la información, del acceso a la educación ambiental, del afrontar muchos problemas y, fundamentalmente, de políticas públicas activas. Hay que enfocar mucho el tema de la responsabilidad civil en materia de daño ambiental colectivo, y no poner totalmente el esfuerzo en la responsabilidad penal. Hay que usar todas las herramientas que nos brinda el sistema, y en materia de responsabilidad civil son más amplias incluso que las que disponemos administrativamente.

Además de constitucionalista, Eduardo Jiménez es juez federal de Mar del Plata. La experiencia le indica que, en las causas en las que está en juego la protección del medio ambiente, el magistrado debe representar un papel diferente del tradicional. "Debe ser un actor mediador con tendencia a prevenir la conflictividad en esta particular materia", aseguró a LA GACETA.
El catedrático, que disertó en Tucumán durante el II Encuentro Federal de Derecho Procesal Constitucional Provincial, resaltó el avance que para el Derecho Ambiental ha significado la reforma de la Constitución nacional de 1994. "La Carta Magna da indicaciones bastante expresas. Por ejemplo, establece la imposibilidad de permitir o favorecer el ingreso al país de residuos potenciales, actualmente peligrosos. Se trata de una prohibición absoluta", afirmó.

En materia civil, también se ha creado la noción de daño ambiental, así como la obligación de recomponerlo. "Jurídicamente, este es un verbo nuevo en el que deberán trabajar los civilistas. Además, se consagra un derecho-deber ambiental; es decir, no sólo el derecho ciudadano de contar con un ambiente sano y equilibrado, sino que eso genera el deber de conservarlo, en un contexto de desarrollo sustentable, para las generaciones actuales y para las futuras", dijo.
Jiménez insistió en que, por su carácter integrador, el derecho a un ambiente sano corta transversalmente los otros derechos de que goza una persona. "Para preservar el medio ambiente, quizás tenemos que limitar los derechos de libre empresa, de propiedad u otros cuya restricción era mínima, porque desde 1994 se incorporó a nuestro ordenamiento una noción de desarrollo, que es más conflictiva y más costosa", subrayó.