Subsidios a la esperanza

Rehén de un conflicto terco y prolongado por la impericia política, la sociedad observó impávida el ocaso de sus expectativas de crecimiento económico sostenido. Fueron 129 días en los que la "125" (el número de la resolución que impuso las retenciones móviles) colmó la paciencia del campo, que se hartó de ponerle el lomo al exuberante gasto público y de que el arado estatal avanzara, como si fueran surcos, por sus bolsillos.
Los cuatro meses y pico de crisis agraria desnudaron otros malhumores, que actuaron igual que una plaga y comenzaron a marchitar las raíces de un gobierno con un estilo cuestionado, pero rodeado por las flores del éxito económico. Esas que taparon la maleza política que puso en riesgo la continuidad de un ciclo de crecimiento y la oportunidad histórica para la Argentina de colarse entre el selecto grupo de los mejores del mundo.
Durante el último cuatrimestre, las cacerolas tronaron no tan sólo al son de los chacareros: amas de casa molestas con los precios que suben por un ascensor, trabajadores que observan su poder adquisitivo caer por un precipicio y hombres y mujeres asqueados con un modelo de administración inconsulto y soberbio fueron los que hicieron subir los decibeles del ruido de las ollas.
En el medio se colaron oportunistas, interesados y fanáticos de los años de plomo. Fueron los menos, pero su posición mezquina y extrema exacerbó aún más los ánimos de los argentinos que, confiados -o cómodos o de reacción tardía-, se sumaron a algunos pedidos extremos y de verdadero contenido desestabilizador: ninguna postura que atente contra las instituciones o contra la democracia puede arrogarse legitimidad alguna.
Tras la tormenta de las retenciones, vino la calma de la madrugada de Cleto. Con su no, el vicepresidente de la Nación puso fin a un conflicto. También dejó a la Presidenta ante la oportunidad de cambiar las barajas de su Gobierno, repartir otra vez y cambiar el juego de decisiones cerradas que la colocó en un brete de difícil solución.

Recomponer la confianza
El principal desafío será recomponer la confianza de la sociedad y, junto a ella, la economía. El pleito ruralista dejó al descubierto los signos de desgaste del plan económico que se puso en marcha junto con la era kirchnerista. El modelo neokeynesiano de incentivo de la demanda y de alto gasto público como base de la reactivación quedó insuficiente para una inflación descontrolada y para un nivel de inversiones privadas reales que le impiden al Estado desligarse del rol contranatura que viene desarrollando: el de ser el gran financista de la obra, del empleo y del consumo.
La ortodoxia económica indica que la Argentina debería, ante el alza de la inflación y la baja en los superávit fiscal y comercial (que aún, cabe decirlo, siguen sanos), marchar hacia una administración de corto plazo que busque no presionar más aún la tasa de inflación y apostar a que la brecha con la oferta comience a cerrar, con mayores estímulos a la inversión.
Pero los hechos muestran que los caminos elegidos por Cristina Fernández son otros. En breve el Gobierno lanzará una serie de medidas de estímulo que -según un estudio de la consultora Ecolatina- inyectaría $ 9.500 millones al consumo y se basaría en aumentos del salario mínimo y de las asignaciones familiares (unos $ 5.000 millones), en la movilidad en jubilaciones ($ 3.000 millones) y en una suba del mínimo no imponible en Ganancias ($ 1.500 millones). Es lícito para cualquier administración que su meta sea el estímulo del consumo. Pero la receta se parece más a espejitos de colores que a un verdadero tesoro de distribución y crecimiento social. Ocurre que cuando los niveles de inflación son altos, el poder adquisitivo se resiente, al igual que el consumo y el salario.

Más gasto público
La mejora en los ingresos y el incentivo al consumo se harán sobre la base de una expansión del gasto público, pese a que también se deslizó que podrían liberarse las tarifas de los servicios públicos. Posiblemente, con esas medidas, Cristina recupere una porción de la adhesión popular que cedió por no ceder con el campo. Pero esa política puede volverse contra sí como un bumerán y asestarle un golpe, artero, que le deje poco margen para reponerse. Es que la expansión de la demanda le costará un gran esfuerzo fiscal al Gobierno, que ya viene haciendo otro monumental para que no se note que el bote hace agua. Los agujeros del modelo están taponados con $ 35.000 millones en subsidios, que están poniendo en riesgo el superávit fiscal, pilar de una economía que pretende no volver a ser la de fines de los 90.
Para disimular la suba de precios, el Gobierno gastó (según datos de Ecolatina) $ 4.200 millones en subsidios para el transporte (principalmente subtes, trenes y colectivos de corta y larga distancia), para que no suban los boletos. Invirtió otros $ 1.100 millones en subsidios al consumo (en especial a industrias alimenticias), para que la percepción de aumentos en los precios no sea tan alta. Y puso $ 8.300 para energía, con la intención de que nadie diga que hay una crisis en ese sector. Esos poco más de 10.000 millones de dólares en subsidios equivalen al 3,5% del PBI.
De ahí la necesidad estatal de hacer caja con el alza en las retenciones, ya que supo hacerse cada vez más dependiente de esos ingresos. Un informe de la consultora Finsoport afirma que, mientras en 2004 los derechos de exportación significaban el 54% del superávit primario, en 2008 explicaron el 94% del superávit. Por donde se lo mire, el dato es peligroso, porque muestra que las exportaciones juegan un papel fundamental para mantener las finanzas del Estado ordenadas y, lo que es peor, que el superávit es tan frágil como la tregua tácita que mantienen por estos días el Gobierno y el agro.
No todo está mal en la Argentina actual, que mantiene números sanos e impulso para seguir creciendo este año y el próximo. Pero sin cambios reales y sin correcciones necesarias en el plan económico K, sólo un subsidio puede mantener las esperanzas de que la Argentina se convertirá en el corto plazo en un país pujante, creíble y que garantice crecimiento sustentable a sus habitantes y a los inversores.