25 Julio 2008 Seguir en 
En un impensable acto, seguramente motivado por la necesidad de restaurar su imagen, la Presidenta de la Nación anunció la reestatización de Aerolíneas Argentinas como una suerte de victoria política que, a juicio de sus propias palabras, no se condijo con la realidad. “Me hubiera gustado que este acto no tuviera lugar, y que quienes tuvieron a su cargo la empresa hubieran podido llevar adelante una operación exitosa”, expresó Cristina Fernández de Kirchner.
El gran auditorio que excedía el Salón Blanco y fundamentalmente integrado por personal de la empresa pareció no advertir que aún restaban 60 días para que la Justicia y el Congreso se expidieran, por más que en el Gobierno se piensen desenlaces favorables. Los reiterados conflictos gremiales en AA y su filial Austral por dificultades de la concesionaria española Marsans, hace meses que vienen castigando a los usuarios por causas que la Justicia deberá determinar, por lo que fue también lógico que en el discurso presidencial se pidiera que aquellos no sean afectados por “conflictividades ajenas” y dispongan de un buen servicio. “No llegaremos a ello -agregó la Presidenta- si no contamos esencialmente con la participación activa de todo el personal y terminamos dándoles la razón a los españoles”.
La Presidenta no ignoraba seguramente que esa conflictividad tenía grado proporcional a la indiferencia de la Secretaría de Transporte, donde el propósito expropiador germinó. Está por medio ahora una suma cercana a los U$S 900 millones que el Estado debe asumir en un año fiscal con grandes dificultades, cuando la concesionaria imputa al Gobierno incumplidas obligaciones contractuales.
El clamor convocante de la decisión presidencial en un momento de crisis provocada por la derrota oficialista alcanzó en ese discurso la invocación de mantener la “línea de bandera”, expresión de un nacionalismo poco realista, que recuerda la declaración del default de la deuda pública por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá el 23 de diciembre del 2000 entre ovaciones de la asamblea legislativa.
En la presente realidad internacional no son pocos los países con líneas aerocomerciales de esa naturaleza pero, en la generalidad de los casos, especialmente los más desarrollados, se trata de empresas privadas o mixtas, en razón de la extremada competencia generada a partir del ataque a las Torres Gemelas por la disminución relativa de usuarios. Esa posibilidad parece estar descartada con AA, como demuestra la falta de ofertas de inversión con tal fin y carencia de confianza en el mercado de inversiones. En los días previos a su renuncia como jefe del Gabinete, Alberto Fernández, figuraba inclusive entre los sectores oficiales discrepantes con la “operación” anunciada por la Presidenta, cuyos asesores permanecen en la cartera de Planeamiento.
No parece por cierto que la concesionaria de Aerolíneas Argentinas y Austral fuese partidaria de permanecer en la deficitaria línea de bandera cuya historia es tan serpenteante como por ciertos períodos floreciente.
El tono de ese nacionalismo irracional por lo arcaico ha desmemoriado la realidad de los apagones, la demanda de más de un millón de teléfonos sin satisfacer durante años o los tiempos en que las empresas públicas del Estado eran lugares de empleo para amortizar períodos de desocupación.
Mantener la línea de bandera es un objetivo razonable, pero la experiencia exige que el procedimiento de esta ocasión no tenga por fin el notorio capitalismo de amigos que parece inspirar a la actual administración.
El gran auditorio que excedía el Salón Blanco y fundamentalmente integrado por personal de la empresa pareció no advertir que aún restaban 60 días para que la Justicia y el Congreso se expidieran, por más que en el Gobierno se piensen desenlaces favorables. Los reiterados conflictos gremiales en AA y su filial Austral por dificultades de la concesionaria española Marsans, hace meses que vienen castigando a los usuarios por causas que la Justicia deberá determinar, por lo que fue también lógico que en el discurso presidencial se pidiera que aquellos no sean afectados por “conflictividades ajenas” y dispongan de un buen servicio. “No llegaremos a ello -agregó la Presidenta- si no contamos esencialmente con la participación activa de todo el personal y terminamos dándoles la razón a los españoles”.
La Presidenta no ignoraba seguramente que esa conflictividad tenía grado proporcional a la indiferencia de la Secretaría de Transporte, donde el propósito expropiador germinó. Está por medio ahora una suma cercana a los U$S 900 millones que el Estado debe asumir en un año fiscal con grandes dificultades, cuando la concesionaria imputa al Gobierno incumplidas obligaciones contractuales.
El clamor convocante de la decisión presidencial en un momento de crisis provocada por la derrota oficialista alcanzó en ese discurso la invocación de mantener la “línea de bandera”, expresión de un nacionalismo poco realista, que recuerda la declaración del default de la deuda pública por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá el 23 de diciembre del 2000 entre ovaciones de la asamblea legislativa.
En la presente realidad internacional no son pocos los países con líneas aerocomerciales de esa naturaleza pero, en la generalidad de los casos, especialmente los más desarrollados, se trata de empresas privadas o mixtas, en razón de la extremada competencia generada a partir del ataque a las Torres Gemelas por la disminución relativa de usuarios. Esa posibilidad parece estar descartada con AA, como demuestra la falta de ofertas de inversión con tal fin y carencia de confianza en el mercado de inversiones. En los días previos a su renuncia como jefe del Gabinete, Alberto Fernández, figuraba inclusive entre los sectores oficiales discrepantes con la “operación” anunciada por la Presidenta, cuyos asesores permanecen en la cartera de Planeamiento.
No parece por cierto que la concesionaria de Aerolíneas Argentinas y Austral fuese partidaria de permanecer en la deficitaria línea de bandera cuya historia es tan serpenteante como por ciertos períodos floreciente.
El tono de ese nacionalismo irracional por lo arcaico ha desmemoriado la realidad de los apagones, la demanda de más de un millón de teléfonos sin satisfacer durante años o los tiempos en que las empresas públicas del Estado eran lugares de empleo para amortizar períodos de desocupación.
Mantener la línea de bandera es un objetivo razonable, pero la experiencia exige que el procedimiento de esta ocasión no tenga por fin el notorio capitalismo de amigos que parece inspirar a la actual administración.




