Hay que recuperar las instituciones

La ciudadanía ha tenido ocasión de reflexionar, durante el histórico debate de la Resolución 125 sobre retenciones móviles a la actividad agraria, sobre lo que representa el Congreso como institución republicana en el control de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. La circunstancia se ha definido como una bisagra histórica, a partir de la cual el rumbo político e institucional puede ser muy diferente. Mas para que esto acontezca será menester despejar un interrogante que requiere decisiones puntuales. Estas están esencialmente referidas a las numerosas delegaciones de facultades parlamentarias en el gobierno, en algunos casos calificadas como superpoderes, que excluyeron al Poder Legislativo de decisiones fundamentales taxativamente vetadas al Ejecutivo, como la extraordinaria potestad conferida al jefe del Gabinete para modificar las asignaciones de los presupuestos anuales de la Nación. El Congreso se convirtió así en poco más que una dependencia refrendataria del presidencialismo hegemónico creciente desde hace un lustro, merced a la Ley 25.561 de Emergencia Económica y al uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La ley de emergencia se renovó anualmente desde 2002 a propuesta del PEN en los proyectos anuales de presupuesto. Pero en la remisión correspondiente al cálculo fiscal para 2006 el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, eliminó la solicitud de prórroga de la emergencia, razón por la cual fue excluido del gobierno por el entonces presidente Kirchner, quien dispuso la inclusión de la ley 25.561. A partir de entonces se multiplicaron las delegaciones parlamentarias en el PEN, a la vez que se reglamentaba el dictado de los DNU, de acuerdo con un proyecto de la senadora Fernández de Kirchner que dejó archivado otro anterior, por el cual se daba paso a la sanción ficta prohibida por la Constitución. El ex presidente Kirchner dictó durante su gestión más decretos de esa naturaleza que proyectos de ley (superó largamente la cantidad emitida por sus predecesores, Carlos Menem y Fernando de la Rúa), inclusive, para disponer de recursos fiscales, expresamente excluidos por la Ley Suprema. Singularmente, la presidenta Fernández de Kirchner no ha dictado DNU alguno en seis meses de gestión; optó en cambio por el ejercicio de las facultades delegadas y de los superpoderes.
   El reciente debate parlamentario y sus conclusiones, que dieron por tierra con la Resolución 125, ha truncado el rumbo político del extremado presidencialismo, pero sólo podrá tenerse certeza de la recuperación republicana del Congreso si el proyecto de Presupuesto para 2009 excluye una nueva solicitud de prórroga de la Ley 25.561 de emergencia económica. Entretanto, la acción legislativa y de control en ambas cámaras será incierta, y no podrán considerar otras grandes cuestiones prioritarias, como la política antiinflacionaria, la reforma del régimen de coparticipación federal y la movilidad previsional demandada por la Corte Suprema. La Presidenta de la Nación debe tomar conciencia de que la restauración plena del Poder Legislativo contribuirá a fortalecer su mandato, y, seguramente, la confianza en su propia estructura política, y debe asumir la realidad de una crisis en la cual ningún sector democrático conspiró contra su investidura.
   Ese rumbo permitirá decisivamente insertar el país en la actual coyuntura internacional y dar transparencia al proceso electoral de renovación parlamentaria. En verdad, se trata de una gestión intensa y de muy corto plazo que es necesario compartir y en la cual la ciudadanía ha demostrado, más allá de las crispaciones de la crisis, estar dispuesta a coadyuvar.