Los políticos tienen la palabra

Roba, pero hace"; "son ladrones, pero los de antes eran peores"; "me tapé la nariz y lo terminé votando". Las frases que demuestran la relación entre la sociedad y los políticos que dicen representarla pueden ser diversas, pero no se conoce ninguna a favor de este vínculo, o que haya alcanzado popularidad. En esencia, la gente común, la que vive de su trabajo y no del dinero público, no tiene mucha onda con los políticos; más bien los tolera, en tanto y en cuanto estos cuiden las formas, por lo menos.
El gran malestar que provoca la mayoría de los políticos se origina en que prometen mucho y luego, cuando acceden a un cargo público, cumplen poco (o nada, directamente). O se limitan a beneficiar a sus adeptos o a seguidores bien definidos, y no al conjunto de los votantes. También irrita el hecho de que buena parte de ellos termina enriqueciéndose, aun cuando muchos dirigentes provienen de sectores humildes -algunos, extremadamente humildes- y no tienen estudios ni empresas propias anteriores a sus funciones en el Estado que pudieran servir de argumento para justificar el crecimiento de su patrimonio.
Los votantes suelen soportar estas realidades evidentes mientras no se produzcan hechos que alteren demasiado el nivel de vida de la generalidad.
El reciente episodio del tratamiento del controvertido tema de las retenciones a las exportaciones de granos en el Congreso dará que hablar por mucho tiempo, y seguramente será el tema excluyente en los capítulos de los libros de historia del futuro que se refieran a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Como ocurre con cada hecho histórico, habrá posiciones a favor y en contra del desenlace de estos sucesos, en la medida del impacto que causen en las generaciones por venir. En lo que seguramente coincidirán los textos es en la deficiencia de los métodos que usó el Gobierno para imponer algo tan delicado y sensible como es una suba de impuestos confiscatoria -dirán los detractores- o de derechos de exportación a un renta extraordinaria -mencionarán los que simpaticen con el kirchnerismo-.
En Tucumán, la salida del conflicto Gobierno-campo resultó un bálsamo para todos. En particular, respiraron aliviados el gobernador, José Alperovich, y la mayoría de los diputados oficialistas que tuvieron que votar el proyecto de retenciones móviles a desgano total y a sabiendas de que esta posición sólo exacerbaba los ánimos de los sectores afectados por la medida, a la que el Senado le firmó el certificado de defunción. Terminaron expuestos y mal parados ante la sociedad los legisladores nacionales oficialistas por Tucumán, porque más allá de que alguno de ellos haya ensayado explicaciones más o menos convincentes sobre la decisión de su voto -la mayoría ni se dignó a poner la cara ante la comunidad-, quedó sobrevolando la sensación de que la cosa fue poco clara.
A los problemas económicos que deben resolverse en el orden nacional -inflación, disminución de los recursos fiscales por una caída de los niveles de actividad y menor generación de riqueza a nivel general- en Tucumán se suma una crisis en particular que no tiene ninguna vinculación con el conflicto agrario ni con sus consecuencias. El sector azucarero, emblema de la economía provincial, atraviesa un período delicado que se repite cada vez que la actividad produce más azúcar de lo que demanda el mercado interno.
Como una forma de compensar la "gaffe" que generaron en el conflicto con los sojeros, algunos funcionarios tucumanos, con el gobernador Alperovich a la cabeza, se pusieron al frente de tratativas para que suba el alicaído precio del azúcar. Esta patriada podría reposicionar ante la sociedad a los políticos en funciones públicas, ya que el cumplimiento de este objetivo no es sencillo. Si el precio no sube, algunos culparán por ineficientes a los industriales azucareros, pero otros podrían apuntar sus dardos contra los políticos, que están "para el cachetazo".
La crisis azucarera es grave, porque muchos productores corren severos riesgos de convertirse en inviables, económicamente hablando, a partir de este año. ¿Podrán estos afrontar los intereses de los créditos que recibirán para inmovilizar azúcar mientras las grandes empresas del sector venden sin pausa? ¿Alguien protege a los pequeños productores de los temibles intermediarios, que pagan precio vil por la caña que luego reciben los ingenios? ¿Alguna vez llegarán los subsidios por los daños -comprobados- que la caña de muchos productores sufrió a causa de las heladas de 2007? ¿Y que pasará con los daños por las heladas versión 2008? Los políticos tienen la palabra.