Dos reclusos se subieron a los techosde Máxima Seguridad para protestar

A tres meses de su inaguración, la Unidad de Máxima de Seguridad fue escenario de un escándalo. Dos internos burlaron todos los controles existentes y lograron trepar a los techos de ese sector del penal de Villa Urquiza para exigir mejores condiciones de alojamiento.
Cerca de las 10 de la mañana de ayer, Miguel Angel Valor, condenado por robo, y José Ariel Pérez, procesado por homicidio, burlaron los controles y lograron llegar hasta lo más alto de la unidad. Estuvieron allí durante varias horas. Pérez se bajó después del mediodía y Valor lo hizo a la tarde. Los familiares aseguraron que los otros 28 internos fueron castigados. "Queremos que nos den de comer como la gente y que los guardias nos dejen de pegar. No somos animales", gritaron durante toda la protesta que realizaron.
Fuentes policiales confirmaron que intentaron intervenir en el motín, pero las autoridades del penal les dijeron que personal del Servicio Penitenciario se harían cargo de la situación. "Nos dijeron que todo estaba controlado, sin embargo, recién la tarde nos confirmaron que recién había culminado la protesta. Es habitual que no nos comuniquen nada", aseguró un vocero de la fuerza.
La fiscala Adriana del Carmen Giannoni, que se encuentra de turno, tampoco fue notificada de la situación que se estaba viviendo en el penal. LA GACETA intentó infructuosamente comunicarse con Roberto Guyot, responsable del Servicio Penintenciario, para conocer detalles sobre el incidente.

Planteo
Roberto Flores, defensor de varios de los 30 reclusos en esa unidad, se presentó en la cárcel. "Me habían autorizado a ingresar y, cuando estaba por llegar, hubo una contraorden y me impidieron verlo. Fui expulsado de Villa Urquiza", expresó el profesional.
Enterados de la situación, los familiares de Carlos Javier Bellido, Camilo Surice, Luis Conde, Walter Ceferino Nadal, Jorge Luis Galván y Pérez, le ordenaron al defensor que realizara un planteo ante la Justicia para confirmar o descartar que los reos hayan sido golpeados por los guardicárceles.
El juez Juan Franciso Pisa, que intervino en el caso, envió un fax a las autoridades de la cárcel para solicitar que los reclusos sean trasladados a Tribunales para que sean revisados por un forense. A pesar de que se les había dado una hora de plazo, las autoridades del penal no habían cumplido con la orden judicial por cuestiones de seguridad.
Mientras Pisa estudiaba el caso, los familiares de los reclusos alojados en Máxima Seguridad realizaron una manifestación en la esquina de Laprida y avenida Sarmiento, donde cortaron el tráfico vehicular. "Estamos cansadas de escuchar siempre las quejas de nuestros seres queridos. No sólo los golpean, sino que no los alimentan bien. Todos han bajado entre siete y 12 kilos. Nos dicen que comen hasta papel higiénico", dijo Mónica García, concubina de uno de los detenidos.
Los parientes de los reclusos se quejaron porque no les permiten entregar alimentos y ropas a sus seres queridos. "Todo esto es un problema. Ya se hicieron denuncias en la Justicia y nadie nos escucha. Dicen que esta es una unidad de máxima seguridad, pero en realidad es una cámara de tortura", comentó Julieta Medina.