28 Junio 2008 Seguir en 
La desaceleración del ritmo de construcción en el país está directamente vinculada a la decisión del Gobierno nacional de restringir el envío de fondos para obras públicas, según señalaron referentes del sector en nuestra provincia.
De acuerdo con datos del Indec, la actividad de la construcción en la Argentina sufrió una fuerte desaceleración en mayo, al crecer 5,8% frente al mismo período del año pasado, incremento tres veces inferior al que se había registrado en abril.
Empresarios del sector en Tucumán, consultados por LA GACETA, aseguraron que la crisis por la que atraviesa la actividad es más que grave. Afirmaron que la situación se resolverá sólo si el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio de Vido, habilita el envío de partidas para cubrir los certificados de obras ya ejecutadas. La crisis derivó en que se hayan suspendido a 2.000 obreros de la construcción en la provincia.
Según los constructores, el Estado nacional le debe al sector $ 1.600 millones a nivel país. La deuda para Tucumán ronda entre $ 55 millones y $ 60 millones en redeterminación deprecios. Por ejemplo -señalaron- las obras de Lomas del Tafí están determinadas a agosto del año pasado. Otras se remontan a plazos más lejanos en el tiempo. Los empresarios aseguran que al momento de cobrar los certificados, las constructoras terminan recibiendo el 60% del monto real que se les adeuda.
Para compensar esta situación, la Provincia sancionó la Ley 8.072, mediante la cual el Estado tratará de ponerse al día con las deudas del Gobierno central (hay casi un año de mora) y liquidará una compensación de montos del 1,7% en los certificados de tareas del año pasado; y del 4% para los de este año. Los trabajos en marcha que están alcanzados en este caso suman $ 185 millones y favorecen, por ahora, a 13 empresas contratistas. El listado total de obras que involucra la mencionada ley, según datos oficiales, asciende a 335, entre las terminadas, en ejecución, a iniciar y licitadas. Sus montos totalizan los $ 1.206 millones.
De acuerdo con datos del Indec, la actividad de la construcción en la Argentina sufrió una fuerte desaceleración en mayo, al crecer 5,8% frente al mismo período del año pasado, incremento tres veces inferior al que se había registrado en abril.
Empresarios del sector en Tucumán, consultados por LA GACETA, aseguraron que la crisis por la que atraviesa la actividad es más que grave. Afirmaron que la situación se resolverá sólo si el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio de Vido, habilita el envío de partidas para cubrir los certificados de obras ya ejecutadas. La crisis derivó en que se hayan suspendido a 2.000 obreros de la construcción en la provincia.
Según los constructores, el Estado nacional le debe al sector $ 1.600 millones a nivel país. La deuda para Tucumán ronda entre $ 55 millones y $ 60 millones en redeterminación deprecios. Por ejemplo -señalaron- las obras de Lomas del Tafí están determinadas a agosto del año pasado. Otras se remontan a plazos más lejanos en el tiempo. Los empresarios aseguran que al momento de cobrar los certificados, las constructoras terminan recibiendo el 60% del monto real que se les adeuda.
Para compensar esta situación, la Provincia sancionó la Ley 8.072, mediante la cual el Estado tratará de ponerse al día con las deudas del Gobierno central (hay casi un año de mora) y liquidará una compensación de montos del 1,7% en los certificados de tareas del año pasado; y del 4% para los de este año. Los trabajos en marcha que están alcanzados en este caso suman $ 185 millones y favorecen, por ahora, a 13 empresas contratistas. El listado total de obras que involucra la mencionada ley, según datos oficiales, asciende a 335, entre las terminadas, en ejecución, a iniciar y licitadas. Sus montos totalizan los $ 1.206 millones.
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