Se acentúa la crisis en Bolivia

El gobierno hizo una pausa en el proceso de saneamiento de tierras de Santa Cruz. Dos días para que retorne la calma en Alto Parapetí. El cardenal Terrazas recibió documentos sobre trabajos forzados.

HALLAZGO. Residentes de Camiri muestran armas que se supuestamente llevaban indígenas guaraníes.  REUTERS
HALLAZGO. Residentes de Camiri muestran armas que se supuestamente llevaban indígenas guaraníes. REUTERS
16 Abril 2008
LA PAZ.- El gobierno declaró una pausa de unos días en el proceso de saneamiento de tierras en Alto Parapetí, Santa Cruz, como consecuencia de la violenta resistencia de hacendados. Asimismo, presentó pruebas de lo que llama trabajo esclavo en esas propiedades al cardenal Julio Terrazas, que el domingo descalificó en duros términos a los que afirman que en Bolivia hay exclavitud.
Pese a la actitud aparentemente conciliadora del gobierno, los hacendados mantienen bloqueadas las rutas a la Argentina y a Paraguay. El titular de los ganaderos de la zona, Javier Antúnez, dijo que se mantendrán en emergencia por temor a que el gobierno haga un nuevo intento de entrar a sus tierras. “Vamos a calmar los ánimos para iniciar un diálogo y continuar con el trabajo”, dijo ayer la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, tras referirse a un supuesto ataque de ganaderos a funcionarios e indios guaraníes.

Los verdaderos agresores
Según el gobierno, se trató de una emboscada de los ganaderos, en la que resultaron heridos 32 indígenas. Además, dijo que siete personas siguen desaparecidas a raíz de este incidente registrado en Cuevo, municipio ubicado a 60 km de Camiri, provincia Cordillera de Santa Cruz. Sin embargo, en medio de la gresca los ganaderos hallaron rifles, escopetas, municiones y machetes en los ómnibus en los que se movilizaban los guaraníes
En los últimos 50 años, las sucesivas administraciones bolivianas distribuyeron 36 millones de hectáreas de tierras en el departamento de Santa Cruz, en gran parte como pago de favores políticos. Actualmente, según estimaciones del Instituto de Reforma Agraria (INRA) más de 800.000 hectáreas pertenecen a sólo cuatro familias. El presidente Evo Morales prometió en enero revertir parte de esa injusticia con la idea de redistribuir entre comunidades aborígenes 157.000 hectáreas de tierras consideradas ociosas, ilegales o que usan trabajadores cautivos en el Chaco boliviano.
Por otra parte, el gobierno le presentó un informe documentado sobre trabajo esclavo al cardenal Terrazas, en respuesta a la homilía que pronunció el prelado el domingo. Entre los documentos figuran informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Télam)

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