En Tucumán, la clase política vive una realidad alejada de la gente y sus tragedias. Se reparten cargos, ni piensan que los desnutridos son seres humanos y hasta intrigan para reformar la Constitución, con la idea de atornillarse en sus cargos y voltear a los jueces que no pueden manejar.
Están jugando con fuego, sobre los escombros de una sociedad en la que uno de cada tres trabajadores está desocupado y en la que cerca del 60% de sus propios comprovincianos vive en la pobreza.
Cuando se pierde el rumbo es difícil mantener el liderazgo y se produce una estampida hacia la nada. Las exigencias sociales estallaron en una catástrofe que exige actuar y establecer prioridades que no obedezcan a los intereses políticos, sino a las necesidades de los desprotegidos.
La dirigencia sigue pensando que el crecimiento económico llegará milagrosamente y que será suficiente para sacar a Tucumán del estancamiento, pero se equivoca.
De la recuperación de las empresas privadas en Tucumán, de las que pocos se ocupan, dependen la recaudación, de la que viven el Estado y miles de personas, y la creación de empleo, que es una herramienta básica para descomprimir las tensiones sociales.
Pero si no hay planes será difícil despertar confianza, conseguir créditos, afianzar las inversiones y recrear el mercado interno. Tucumán no tiene margen para volver a improvisar.
Por el momento, la economía tucumana agoniza. Sólo se beneficiaron con la devaluación el agro, varios sectores industriales y los que logran sustituir importaciones con cierta velocidad.
Los devaluados consumidores compran menos debido a que sus ingresos se redujeron y por el miedo al futuro. Pierden calidad de vida, se alejan de las marcas y hasta prefieren volver a los almacenes, para tratar de estirar los depreciados Bocade y que alcancen, como por arte de magia, para 30 días.
Los brutales cambios producidos por la devaluación y la inflación alteraron los presupuestos familiares, en especial de los que tienen menos recursos, y complicaron hasta extremos indecibles la situación de los grupos marginales, que quedaron sin ingresos y enfrentan precios impagables. Antes, con uno o dos pesos los pobres comían algo. Ahora, no.
En cambio, la economía estatal disfruta en estas semanas de un período de estabilidad, que contrasta con las dificultades que complican al sector privado, salvo las actividades que exportan.
El Estado tiene los sueldos congelados, controla las tarifas y maniobra con su propio default (acaba de clavar con el bono Docof por $ 45 millones a empresas que canjearon Bocade en la Operatoria FET).
Mientras espera que las ventas navideñas le den un respiro, antes de la parálisis de enero y febrero, el comercio atraviesa una situación crítica. Muchos negocios se quedaron sin capital de trabajo y otros carecen de mercaderías o tienen dificultades con los proveedores.
El producto más escaso en Tucumán es el dinero. No hay plata y las empresas optan por no pagar. Como el sector financiero capta fondos, pero no los presta o lo hace a tasas insostenibles, no hay nuevos créditos. La que sigue floreciente es la economía negra.
La gente nota en el bolsillo que los salarios cayeron con fuerza. La inflación del 40% provoca que el 60% de los hogares no alcance a cubrir los costos de la canasta básica total (alimentos y servicios públicos indispensables) para una familia tipo. La canasta básica alimentaria (incluye sólo los alimentos mínimos calóricos para un grupo familiar) subió un 74%. Si los políticos piensan que el fin de año será dulce para todos, erraron una vez más.
