Decadencia de los medios públicos

La decadencia de los medios públicos que representa el estado de Canal 7 y Radio Nacional, aunque esta en menor medida, y sus respectivas cadenas, es otro testimonio agobiante de la situación del país. No se trata, por cierto, de situaciones recientes; son de vieja data, pero a lo largo de los años se fueron consolidando hasta el punto de gravedad que hoy se les reconoce entre quienes son partes de esa realidad. Si a ello se agrega la descalificación cultural de gran parte del sistema privado, se conforma un panorama de degradación particularmente condicente con el lento proceso que precedió a la extendida crisis nacional.
La decadencia de los medios públicos parte de la confusión entre Estado y Gobierno, que finalmente terminó convirtiéndolos en dependencias del segundo, perdiendo la condición de instrumentos de cultura y comunicación al servicio de los intereses permanentes de la sociedad. Así, cuando el gobierno cambia o se recompone -algo muy frecuente en el país- se apodera de inmediato de los medios estatales, convertidos en instrumentos de los funcionarios.
Los medios estatales constituyen en las modernas democracias ejemplos categóricos de lo que representan como exponentes, internos y externos, de la calidad de vida pública. Algunos ejemplos bastan para resumir las condiciones exigidas por su naturaleza. Son los de la BBC británica, la RTV española, la DW alemana o la RAI de Italia, por mencionar los de mayores audiencias en la Argentina.
Otros países latinoamericanos, entre los cuales se contó durante un tiempo el nuestro, cubren ese sector por cuenta del Estado o bien privada. Pero tras esa realidad desalentadora subyace otra aun más grave que revela la despreocupación del problema por parte de quienes tuvieron y tienen la responsabilidad de resolverlo.
El hecho es que, en noviembre de 1999, a un mes del relevo constitucional del Gobierno, el Congreso sancionó por amplia mayoría de ambas cámaras la Ley de Reestructuración de Argentina Televisora Color (Canal 7) y Radio Nacional, cuya denominación conjunta sería en el futuro Radio Televisión Argentina.
La figura jurídica es la de una sociedad estatal no gubernamental, bajo el control del Poder Legislativo, dependiendo de la misma el Servicio Oficial de Radiodifusión.
La ley -que no fue derogada- estableció que el sistema de radio y TV estatal dependerá de un directorio de cinco miembros cuyo presidente será elegido por el Poder Ejecutivo, pero requerirá el acuerdo, al menos, de dos tercios de una comisión bicameral had hoc compuesta por diez diputados y cinco senadores nacionales, encargados a la vez de supervisar y controlar las actividades de la nueva sociedad.
Por otra parte, la norma crea un comité de evaluación integrado por una variedad de representantes con espectro social y cultural muy amplio, así como establece un sistema de audiencias públicas asociadas a la custodia de los intereses generales, y las fuentes de recursos presupuestarios. Pocas semanas después de esa sanción legislativa, asumió el nuevo Gobierno, pero la reglamentación del esperado estatuto, inspirado en los referidos testimonios internacionales, pasó al olvido, por lo cual el sistema siguió en poder de los intereses políticos.
A pesar, claro, de que los legisladores de la Alianza también habían votado la profunda reestructuración. La famosa "cadena" con que autoritarios o partidocráticos agobiaron al país perduró, pero tal fue su desorden y desprestigio, al fin, que hoy carece de valor como instrumento del poder de turno, salvándose apenas algunos resquicios culturales, merced al empeño de tenaces y mal pagadas vocaciones. ¿Es mucho pedir que se rescate a esa ley de tan reprobable olvido?