El escándalo desplazó en los últimos días a la circunspección que solía caracterizar a los ambientes judiciales. La agitación pública que conmueve los cimientos de Tribunales se focaliza en el fuero penal. Los otros ámbitos del poder están protegidos del vendaval. La pelea está acotada estrictamente a los pleitos que rozan al mundo político y que se originan en denuncias de corrupción de diversa especie. El fiscal Esteban Jerez combinó fallas procesales con aciertos en sus procederes, pero no dejó resquicios sin explorar en ese terreno lleno de trampas. Con su acción causó miles de fricciones y se ganó la enemistad de los mirandistas que ejercen funciones clave en la Legislatura y en la Casa de Gobierno. La sospecha de que se quería echar a Jerez de la Fiscalía Anticorrupción para poder tapar hechos irregulares enfervorizó a la sociedad, que desbarató las maniobras urdidas con esa finalidad. El centro de gravedad del conflicto se localizó en el mundo judicial. A enredar a Jerez en su propia madeja se dedicaron, entonces, los defensores de legisladores y de funcionarios que fueron acusados de haber cometido distintos actos presuntamente anómalos. Exequiel Avila Gallo pidió a la Corte Suprema de Justicia que designara un conjuez para una causa en la que está involucrado el subdirector de Transporte y Comercio Interior, Alberto Espinosa. Se había hecho eco de palabras de Jerez cuestionando a la jueza Emma de Nucci. El ardid del defensor dio resultado porque el alto tribunal reafirmó que existía independencia de poderes y la causa volvió a la jueza. La estrategia de desgaste de Jerez no tuvo ni un segundo de tregua en 2002. El fuero penal se partió en dos. Una de esas parcelas -que es mayoritaria- lo ataca por su alto nivel de protagonismo mediático. A ella pertenecen de Nucci, Juan Carlos Tártalo -el juez de "La razón de mi vida"- y María Pilar Prieto -la camarista que predicaba su fe peronista a voz en cuello- Esta se alejó de la Asociación de Magistrados que representa a la mayoría. El otro sector defiende al fiscal y a la división de poderes, frente a lo que presume interferencias de la Casa de Gobierno dentro de la Justicia. Son los jueces de la Red de Defensa de la Democracia. Y las veces en que intervino Héctor Eduardo Area Maidana -presidente de la Corte Suprema de Justicia- fue sólo para disciplinar a Jerez. Ante el último planteo, el fiscal identificó a Tártalo y a De Nucci como los responsables de las obstrucciones procesales a sus decisiones. El Colegio de Abogados, en forma oficial, aún no abrió la boca frente a ese problema. Y complican más la situación del fiscal las ofertas públicas de candidaturas a la gobernación.
Jerez las descartó, pero contribuyen a fortalecer la posición de quienes lo hostigan atribuyéndole ambiciones electorales. El fiscal está en una postura comprometida. Pero la realidad muestra que es cada vez más difícil penar a alguien por corrupción en el Estado.
