La autonomía del Banco Central

Más allá de las reconocidas condiciones académicas y de la independencia política del flamante presidente del Banco Central de la República Argentina, la nueva disputa entre la cartera de Economía y la institución a cargo de la gestión monetaria ha contribuido a mantener latente la desconfianza que afecta las negociaciones del país con los organismos multilaterales de crédito y los acreedores alcanzados por la declaración de insolvencia.
El relevo de Aldo Pignanelli por Alfonso Prat Gay se ha producido después de una gestión que contribuyó decisivamente a estabilizar el mercado cambiario y a recuperar reservas perdidas por el BCRA, motivos, entre otros, por los que el presidente Eduardo Duhalde reconoció su desempeño. Pignanelli contaba con acuerdo del Senado, por lo que su cargo debió haber durado los seis años establecidos por el sistema autonómico que rige a la institución.
Ese estatuto, al establecer un período superior al del Presidente de la República, está protegiendo la continuidad y la independencia de la política monetaria, de los gobiernos constitucionales por cuatro años. En consecuencia, el Banco Central tiene un fundamento institucional de excepción cuyo respeto asegura el orden monetario más allá de los cambios que puedan producirse en la política económica.
Sin embargo, en menos de 20 meses y conforme fueron cambiando los gobiernos en la crisis, acaba de ser nombrado el quinto presidente, dos de los cuales pasaron por el cargo durante la gestión del actual ministro de Economía.
Nuestro país es muy resistente a las instituciones o, por lo menos, a sus dirigencias se les hace difícil actuar en ellas y, en consecuencia, a la inseguridad política con que se lo observa, se suma la jurídica, llegándose a los resultados que están a la vista.
En el caso del BCRA esa irregular modalidad adquiere una grave dimensión, pues el tradicional avance del Ministerio de Economía sobre la política monetaria ha sido en los últimos tiempos de tal naturaleza que en el presente caso no basta la designación de una personalidad reconocida por sus condiciones para superar la desconfianza en la realidad descripta.
Por lo demás, la inoportunidad en que el conflicto entre el ministro Roberto Lavagna y el ex presidente del BCRA hizo crisis, es decir, los cinco meses que restan para el fin de la transición, hace urgente para el Poder Ejecutivo obtener del Senado un acuerdo para seis años de gestión que debe ser negociado en un clima político donde los consensos son difíciles.
A la certeza de que el nuevo relevo en la presidencia del Banco Central es el resultado de una disputa por el control de la política monetaria, invocando notorias exigencias de la crisis, se agrega el debate pendiente sobre la inmunidad de la Superintendencia de Entidades Financieras, para asegurar la independencia del control bancario.
Es decir, la protección de la autonomía frente al recurrente accionar judicial que genera esa actividad fiscalizadora y que, tan sólo durante el último lustro, acumuló en la Justicia algo más de trescientos juicios sin resultados a la vista. Inmunidad que no es impunidad, pues se halla bajo el control parlamentario, reticente también y por cierto a reconocer la condición institucional de la autoridad monetaria.
El modelo no es un capricho local, sino un extendido sistema cuyo ejemplo más elocuente es el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, autoridad suprema del más poderoso signo monetario, el dólar. Una de las responsabilidades indeclinables de la dirigencia política que accede a las funciones del Estado es poner fin al oportunismo con que la coyuntura la tienta, acondicionando los hechos y las decisiones al rigor institucional y no al revés.