Terminar con los "avenegras"

El lenguaje popular denomina "avenegras" a quienes realizan trámites y gestiones judiciales sin tener título profesional que los habilite para ello. La existencia de tales personajes no es ninguna novedad -como que los han utilizado con reiteración la literatura y el teatro- y propender a su erradicación ha constituido siempre, por lo menos en teoría, un propósito firme tanto de la Administración de Justicia como de los profesionales.
Como lo consignamos en nuestra edición de ayer, últimamente un grupo de abogados ha planteado al ministro fiscal la necesidad de que ese propósito -reiterado en explícitas acordadas de la Corte Suprema de Justicia- se cumpla efectivamente. Solicitaron, en ese sentido, que la Policía impida el acceso a los Tribunales a quienes ejercen la referida actividad. Esta, "además de representar un ejercicio ilícito de la profesión, con los lógicos perjuicios a los profesionales que pagan su matrícula y efectúan los aportes de ley, importa un tráfico de dádivas y promesas que terminan en mentiras, y que arrojan un manto de sospecha sobre el accionar de la Justicia", sostienen los letrados.
La cuestión merece, por cierto, un comentario. No es tan sencilla, aparentemente. Como lo consigna nuestra información, algunos "avenegras" sostienen ser auxiliares de los abogados, que buscan clientes para estos a cambio de una comisión, como que en las tarjetas que reparten suelen figurar como "asesores" y hasta consignan el domicilio de algún letrado. En otros casos, operando por su cuenta, prometen a las personas favores procesales a cambio de dinero, invocando supuestas conexiones con funcionarios de la Justicia. Y no falta quienes manifiesten ser "gestores y colaboradores de abogados" y que, por lo tanto, no existe delito en lo que hacen. Esto está demostrando la existencia de una inquietante realidad. Nos referimos a que el "avenegrismo" habría empezado a exceder su carácter de actividad ilegal desarrollada por un número insignificante de personas y con escaso alcance, para alcanzar una dimensión y unas ramificaciones diferentes. Resulta todavía más preocupante que existan quienes entienden que pueden ejercer libremente esa actividad en el foro, dado que actúan como empleados de letrados. Y qué decir del hecho de que algunos "avenegras" hayan lanzado públicamente amenazas contra los letrados que estorban su quehacer, como lo registra nuestra crónica.
Lo que decimos es grave y merece por cierto que la Administración de Justicia tome cartas concretas en el asunto. De acuerdo con lo que informamos, ya se ha iniciado una ofensiva concreta en esa dirección: el ministro fiscal ha recordado a juzgados y secretarías la vigencia de las acordadas de 1979 y 1986 contra el "avenegrismo". En estos pronuncia- mientos se define a tales prácticas como "una afrenta a los profesionales del Derecho, a la Justicia y a los intereses de los litigantes" , y se prohíbe que los empleados o funcionarios judiciales traten con personas que no estén matriculadas profesionalmente, salvo que tengan un interés personal en las causas.
Vivimos épocas de fuerte cuestionamiento a las instituciones y de esa actitud pública no se exceptúa a la Justicia, como es por todos conocido. Ello hace más necesario que nunca preservar a dicho poder del Estado, de las situaciones que arrojen sombras sobre los trámites forenses, en cualquier nivel. Está claro y tiene sobrado fundamento jurídico, el principio de que quien no está habilitado profesionalmente, no puede actuar con legalidad en los Tribunales. Se trata, entonces, de una norma que debe ser cumplida con todo rigor y sin vacilaciones de ninguna especie.
La Administración de Justicia, por medio de sus órganos, debe mantenerse firme en este punto. Y también deben hacerlo los abogados, para colaborar con la Justicia y para jerarquizar su profesión.