Un anuncio y sus complicaciones

El primer mandatario de la Provincia ha anunciado su decisión de dejar el cargo que ocupa, y expresó que consecuentemente se propone convocar a elecciones de gobernador y vice para el próximo 27 de abril de 2003. De tal criterio se deriva una serie de cuestiones que deben resolverse, y que interesan de modo vital a todos los habitantes de Tucumán. En primer lugar, están lógicamente las jurídicas, ya que existen previstos mecanismos constitucionales de reemplazo para las vacancias del Ejecutivo antes del cumplimiento de su mandato. Además, operan otras que no les ceden en importancia.
Es sabido que anuncios como el citado suscitan un fuerte impacto en la administración. La proximidad del alejamiento de un mandatario afecta la marcha habitual de las tareas gubernativas, y la inquietud por la etapa siguiente tiñe negativamente la generalidad de las tareas. Eso para no hablar del previsible clima preelectoral, cuya agitación lo invade todo. Los funcionarios trabajan a desgano, sólo preocupados por su inmediato futuro, y sobre lo que se decide carga un fuerte tono precario. Los asuntos importantes empiezan a quedar relegados, por la dificultad de tomar resoluciones firmes. En una palabra, la gobernabilidad en general se resiente, de modo inevitable, frente a la inminencia del cambio.
Pero sucede que una provincia con los graves problemas que tiene Tucumán carece de margen para detenerse en esa meseta de pasividad y preocupación eleccionaria en la que estaríamos a punto de ingresar. Por el contrario, existen múltiples temas que demandan una conducción firme y sin titubeos. Ella de manera alguna puede obviarse sin serias consecuencias. Vivimos además en un clima enrarecido, donde hasta se llega a la cobarde agresión a los periodistas.
Temas de índole económica y social muy graves, sumados a investigaciones que están sobre el tapete, no pueden sufrir postergaciones a causa del anuncio del jefe del Ejecutivo. Deben tomarse las medidas en esa dirección. Está de más decir que el propósito de avanzar sobre la tan cuestionada reforma de la Constitución solamente significaría agregar otra nota de perturbación. La prudencia política más elemental aconseja descartarlo para esta instancia. En efecto, es precisamente uno de los asuntos que, por su índole y por las graves derivaciones que ha tenido, debe ser dejado para que se lo resuelva en otra etapa y con otros equipos al frente de los poderes involucrados. No pareciera necesario sumar argumentos en ese aspecto.
Lo que interesa entonces, de aquí en adelante, es que la Provincia se gobierne normalmente hasta que llegue el momento de la asunción de sus nuevas autoridades. Y, por cierto, que no ahorren esfuerzos ni el gobierno ni la ciudadanía, para que esas nuevas autoridades tengan la más total y transparente legitimación, requisito básico para el desarrollo eficaz de su tarea en tiempos tan atribulados como los que nos toca vivir.
Están a la vista de cualquiera las tremendas incógnitas que existen abiertas en el presente y en el futuro de la provincia que habitamos. Si hay consenso nacional acerca de la necesidad de diseñar un país diferente, en pocas partes tal requerimiento aparece más imprescindible que en Tucumán. No debe permitirse, por tanto, que un anticipo en la fecha de relevo del Poder Ejecutivo represente más trastornos para nuestra vida de todos los días, ni que perturbe la legítima inquietud de todos los ciudadanos de contar con un gobierno ordenado, progresista, e idóneo para capear una crisis tan fuerte y prolongada como la que hoy acompleja todas nuestras actividades y nuestra vida cotidiana.
Si no se lo entiende así y no se obra en consecuencia, solamente nos precipitaremos en complicaciones de características mucho mayores que las que nos inquietan actualmente, y sin duda de mucho más difícil solución. Conviene tenerlo muy en cuenta en las presentes circunstancias.