Toda la estructura de la oficina gubernamental de Desarrollo Humano parece haberse puesto en marcha en consonancia con los argumentos del comisionado comunal de San Pablo, Daniel Castro, sospechado de haber desviado el dinero correspondiente a nueve comedores administrados por esa comuna.
Tanto Castro como la titular de Desarrollo Humano, Mercedes Benítez, dicen que no hay irregularidades. Enfatizan que todo se debe a que el ex secretario de esa oficina, Alberto Darnay, sangra por la herida porque su cabeza fue pedida por Hilda "Chiche" Duhalde para expiar en parte la crisis surgida por la muerte de niños desnutridos.
Está claro que Darnay se fue denunciando algo que tendría que haber destapado cuando era funcionario, así como es cierto que en esta denuncia Mercedes Benítez -que antes de asumir en el cargo de Darnay era quien entregaba los cheques para los comedores- parece juez y parte. Ella es acólita del gobernador Julio Miranda y este tiene en la familia Castro a buenos aliados.
El delegado comunal usó todos sus recursos para zafar de la investigación. Primero dijo que él no toca el dinero, y que lo reciben sus empleados. Después cambió de abogado y puso a Washington Navarro Dávila en su defensa, para que el juez Víctor Pérez (a quien el oficialismo odia) se aparte de la causa, dado que está enemistado con el defensor. Las decisiones sobre Castro recaerán en el juez Eudoro Albo, con quien el oficialismo comulga.La causa por los comedores de San Pablo tiene un dinamismo impresionante, incluyendo la violenta agresión de un simpatizante de Castro al periodista Facundo Pereyra de LA GACETA y a la cronista de televisión Carolina Sanna. No se puede predecir qué pasará. Podría ocurrir que todo termine archivado, como sucedió con la investigación contra el ministro de Gobierno Fernando Juri (también ex secretario de Desarrollo Humano) por el presunto desvío de fondos del Posoco.
Pero las distintas circunstancias del caso están mostrando los hilos que unen la crisis con una forma determinada de hacer política. Los Castro son una familia que vive del Estado, no sólo a través de un cargo (uno intendente, otra legisladora, un tercero comisionado, un cuarto funcionario, un quinto asesor, etcétera) sino a través del poder y del uso de fondos públicos. Con la Municipalidad y con la comuna se manejan planes sociales y también se utilizan programas y dineros públicos en organizaciones presuntamente no gubernamentales, como la sede allanada el miércoles en Lules. Con esto se muestra una poderosa organización política que, mediante dádivas y presiones de punteros, puede movilizar a la gente (como se vio el jueves en San Pablo) y que puede llegar incluso a la agresión.
Esto es la más pura expresión del clientelismo político. A la gente pobre, en estas condiciones, no le queda casi más remedio que dejar de lado la dignidad para seguir recibiendo su bolsón. Como en la novela "Los miserables", de Víctor Hugo, el hombre se degrada, embrutecido por las indignas condiciones de vida a que es sometido por otros que hacen sus negocios. Es posible que sean negocios legales, pero en ellos importan más el dinero y el poder que la ética. Son negocios de familia.
