El conflicto en la Corte Suprema

La excusación del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt en el acuerdo sobre la drástica pesificación que acompañó a la crisis ha colocado en toda su dimensión ante el juicio público el desprestigio de la máxima institución de Justicia. No, por cierto, el del Poder Judicial, donde se desempeña una considerable mayoría de magistrados con suficiente crédito y eficiencia como para no aparecer en los medios. El ministro Fayt adoptó su actitud por disponer de un plazo fijo congelado, aunque canjeado por un bono, así como por la irregular difusión anticipada del borrador de su voto a favor de la redolarización de los depósitos bancarios pesificados.
Objetivamente, el juez tampoco estaría obligado legalmente a excusarse, tanto por haber concertado su inversión en un banco oficial como por tener más de 75 años de edad y regir en su caso las excepciones para depositantes con esa condición.
Pero la clave del escándalo que la circunstancia ha provocado debe encontrarse, mejor que en ese episodio, en el prolongado desprestigio que la Corte arrastra desde que, hace más de seis años, el número de sus miembros fue elevado de cinco a nueve. Con ello, el Poder Ejecutivo se aseguraba comportamientos consecuentes con sus políticas por los que varios miembros de la Corte fueron llamados irónicamente "mayoría automática", sector al que, ciertamente, no perteneció el juez Fayt.
Si la imagen del supremo tribunal de Justicia se encuentra hoy fuertemente deteriorada ante la opinión pública por aquella recomposición y sus consecuencias, no lo están menos las relaciones que el gobierno de transición y la mayoría parlamentaria mantienen con él. Hasta el punto de que, en uno y otro caso, la irrespetuosidad con que suele aludirse a la Corte y el silencio que ella guarda ante los agravios, son observados como tácitos reconocimientos de una realidad ineludible.
El reciente juicio político al conjunto de esos jueces -burdamente planteado y finalmente acomodado a las variantes necesidades políticas de quienes lo promovieron- es un testimonio de esa verdad que ahora se exhibe con crudeza.
Pero aun con tal marco de descrédito, que se torna injusto al aplicarse sin la discriminación necesaria, lo correcto sigue siendo aceptar que la Corte Suprema es la que debe resolver el conflicto de fondo por la pesificación de los depósitos y que de la forma con que lo haga -sin dejar de reconocer el hecho indubitable de la inconstitucionalidad de aquella decisión de gobierno- dependerá que la crisis económica y social pueda ser superada en función del bien común.
De la suerte que corra esa decisión judicial, -no tan inmediata como versiones, interesadas a veces, lo pronosticaron- dependerá también en muy buena medida que el país y sus autoridades recuperen la imagen de seguridad jurídica cuya pérdida ha sido el más perjudicial, en el largo plazo, de los ataques todos sus valores públicos.
No ayuda, por cierto, que el presidente Eduardo Duhalde ponga en duda la condición intelectual del juez Fayt por hallarse excedido en la edad constitucional para ejercer, o que el secretario de Finanzas haya sostenido que no es bueno "el exceso de justicia", como si se tratara de una dieta que debiera guardar relación con la enfermedad económica que padece el país.
La segunda parte del conflicto planteado se orienta a la designación de conjueces hasta asegurar el número necesario para un acuerdo, pero no pocos de los que deban convocarse habrán sido parte en debates precedentes por el mismo tema, lo cual los excluirá.
Debe esperarse de la perturbadora aunque rica experiencia recogida que los protagonistas de esta situación hayan advertido finalmente el profundo daño infligido hasta el momento a los intereses de la República.