Por Redacción Política
04 Febrero 2008
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En 1963, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un trascendental fallo en la causa “Soria de Guerrero, Juana Ana c/Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A”. Por primera vez, el máximo tribunal se pronunciaba sobre los alcances y posibilidades de controlar judicialmente lo resuelto por una reforma constitucional.
La demandante accionó porque la empresa la había despedido luego de haber participado en una huelga. En el caso estaba en juego el artículo 14 bis, cuya declaración de inconstitucionalidad solicitaba la parte demandada porque entendía que había defectos en su incorporación a la Constitución como consecuencia de la actuación de la Convención de 1957.
La Corte sentó la doctrina de que, en principio, carecía de facultades jurisdiccionales para examinar el procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes. El tribunal agregó que si ese criterio valía para la actuación del Congreso, con mayor razón si se trataba del accionar de una Convención Constituyente.
La doctrina de “Soria de Guerrero” se mantuvo prácticamente incólume hasta la sentencia pronunciada el 19 de agosto de 1999, como consecuencia de la acción entablada por Carlos Fayt, ministro de la propia Corte.
Fayt había accionado contra el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, de la Constitución nacional, introducido por la reforma de 1994. Esta norma exigía un nuevo nombramiento, precedido por otro acuerdo del Senado, para la permanencia en el cargo de cualquier magistrado (nacional o federal) que cumpliera los 75 años.
Con ribetes inéditos
En un pronunciamiento inédito, la Corte declaró la nulidad de la reforma introducida y cuestionada por Fayt (no la inaplicabilidad al caso, como suele hacerse cuando una norma es declarada inconstitucional). Por ello, el jurista Raúl Gustavo Ferreyra afirma: “esta sentencia, con envase de interpretación, contiene una enmienda constitucional. En rigor, su contenido constituye una invención jurídica, que desagrega -¿para este caso?- un texto explícito incluido democráticamente por el poder reformador”.
La demandante accionó porque la empresa la había despedido luego de haber participado en una huelga. En el caso estaba en juego el artículo 14 bis, cuya declaración de inconstitucionalidad solicitaba la parte demandada porque entendía que había defectos en su incorporación a la Constitución como consecuencia de la actuación de la Convención de 1957.
La Corte sentó la doctrina de que, en principio, carecía de facultades jurisdiccionales para examinar el procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes. El tribunal agregó que si ese criterio valía para la actuación del Congreso, con mayor razón si se trataba del accionar de una Convención Constituyente.
La doctrina de “Soria de Guerrero” se mantuvo prácticamente incólume hasta la sentencia pronunciada el 19 de agosto de 1999, como consecuencia de la acción entablada por Carlos Fayt, ministro de la propia Corte.
Fayt había accionado contra el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, de la Constitución nacional, introducido por la reforma de 1994. Esta norma exigía un nuevo nombramiento, precedido por otro acuerdo del Senado, para la permanencia en el cargo de cualquier magistrado (nacional o federal) que cumpliera los 75 años.
Con ribetes inéditos
En un pronunciamiento inédito, la Corte declaró la nulidad de la reforma introducida y cuestionada por Fayt (no la inaplicabilidad al caso, como suele hacerse cuando una norma es declarada inconstitucional). Por ello, el jurista Raúl Gustavo Ferreyra afirma: “esta sentencia, con envase de interpretación, contiene una enmienda constitucional. En rigor, su contenido constituye una invención jurídica, que desagrega -¿para este caso?- un texto explícito incluido democráticamente por el poder reformador”.
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