Todo fallo sobre una reforma reviste gravedad

La sentencia que probablemente emita mañana la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en la causa promovida por el Colegio de Abogados contra disposiciones de la Constitución sancionada en 2006, amén de las consecuencias prácticas indudables que tendrá, reavivará el debate jurídico. Seguramente, volverá a plantearse la discusión en torno a cuáles son los márgenes que, en su carácter de último intérprete de la Constitución, tiene el Poder Judicial para controlar (o impugnar) los resultados de una Convención Constituyente, concebida como máxima expresión de la soberanía popular -y de la regla democrática- en el afán de una comunidad por brindarse las bases de su vida institucional.
Con la intención de conjurar un posible avance político sobre la Justicia, el Colegio de Abogados cuestionó la constitucionalidad de las normas que establecen la integración de los órganos encargados de la selección y remoción de los jueces. Asimismo, objetó la posibilidad de que en el futuro también haya reformas constitucionales por medio de simples enmiendas legislativas, es decir, sin convocar previamente a una Convención Constituyente. Para ello el texto sancionado por impulso del oficialismo exige que los cambios sean luego confirmados mediante elecciones de las que participe más del 50% de los inscriptos en el padrón electoral.

Novedosa tesis
El libro "Reforma constitucional y control de constitucionalidad" sintetiza la tesis que Raúl Gustavo Ferreyra, bajo la dirección de Eugenio Raúl Zaffaroni, efectuó para doctorarse en la Universidad de Buenos Aires. En el estudio de más de 600 páginas, el catedrático explora los límites de la judiciabilidad (control por la Justicia) de una enmienda.
En el trabajo, Ferreyra no dudó en afirmar: "la inconstitucionalidad de una reforma es el mayor conflicto que puede observarse dentro de un sistema jurídico estatal. La ideación de la inconstitucionalidad incluye, en su significado, la idea de disconformidad". Quizá esta definición sirva para dimensionar la importancia que puede tener la sentencia que debe dictarse en Tucumán.
La declaración de inconstitucionalidad fruto de una reforma, según el jurista, puede revestir dos formas. "Se afirmará que es débil en caso de no cumplirse con las pautas que reglan el proceso de reforma (léase ley que habilitó la enmienda)... Se dirá que es inválida por razones materiales, en sentido fuerte, cuando un cambio constitucional afecte una materia considerada intangible por la Constitución, de imposible modificación por infringir una limitación material", precisa Ferreyra.
En Tucumán, que experimentó dos reformas constitucionales en los últimos 17 años (1990 y 2006), se ha discutido mucho sobre el margen que tiene la Justicia para controlar lo efectuado por una Convención Constituyente.
La polémica surgió con claridad en 1990 por la causa "Gutiérrez" (ver "Dos recordadas..."), cuando la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar y luego declaró inconstitucionales dos artículos del reglamento interno que había adoptado la Convención. En la primera ocasión, el alto tribunal argumentó que estaba habilitado para actuar "en tanto y en cuanto la Convención Constituyente a la que se dirige la medida innovativa (no aplicar los artículos cuestionados) se halla inmersa en el orden jurídico vigente al que está sujeta y en el cual tiene origen". Por el contrario, la Convención desconoció los pronunciamientos y siguió adelante, porque "la Corte no puede imponer restricciones al poder constituyente", como aseveraba entonces el presidente de la Asamblea, Julio César Alvarez Suriani (Fuerza Republicana).