Pese a que el gobernador José Alperovich se quejó en numerosas ocasiones de la acción que entabló el Colegio de Abogados contra disposiciones de la Constitución sancionada en 2006, él había hecho lo mismo en marzo de 2003 contra un artículo de la Carta Magna reformada en 1990.
En 2003, Alperovich, entonces senador, con el patrocinio del hoy fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, dedujo una acción de amparo en el afán de que fuera declarada la inconstitucionalidad del artículo 80 de la Carta Magna. Este exigía que el gobernador electo jurara por los Santos Evangelios. Alperovich, candidato por el justicialismo, argumentó que esta norma lo proscribía porque, si resultaba ungido primer mandatario, no iba a poder asumir por profesar la fe judía.
El 2 de mayo de 2003, la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Salvador Ruiz y Horacio Castellanos) hizo lugar a la pretensión de Alperovich por entender que el artículo 80, declarado inconstitucional, no se correspondía “con los derechos y garantías previstos en la Constitución nacional de 1994, ni en la provincial de 1990, entre los que se encuentra la libertad religiosa”.
Además de las consecuencias políticas, el fallo mereció elogios doctrinarios en el ámbito nacional, como el del constitucionalista Germán Bidart Campos. “Muy bien que el tribunal no se haya retraído en su rol de revisión constitucional y que, con un discurso argumental inobjetable, haya reafirmado el principio elemental de que sobre la Constitución local y su derecho infranconstitucional prevalece la Constitución federal, con lo cual toda incompatibilidad o contradicción vicia de invalidez a la Constitución provincial”.
En 2003, Alperovich, entonces senador, con el patrocinio del hoy fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, dedujo una acción de amparo en el afán de que fuera declarada la inconstitucionalidad del artículo 80 de la Carta Magna. Este exigía que el gobernador electo jurara por los Santos Evangelios. Alperovich, candidato por el justicialismo, argumentó que esta norma lo proscribía porque, si resultaba ungido primer mandatario, no iba a poder asumir por profesar la fe judía.
El 2 de mayo de 2003, la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Salvador Ruiz y Horacio Castellanos) hizo lugar a la pretensión de Alperovich por entender que el artículo 80, declarado inconstitucional, no se correspondía “con los derechos y garantías previstos en la Constitución nacional de 1994, ni en la provincial de 1990, entre los que se encuentra la libertad religiosa”.
Además de las consecuencias políticas, el fallo mereció elogios doctrinarios en el ámbito nacional, como el del constitucionalista Germán Bidart Campos. “Muy bien que el tribunal no se haya retraído en su rol de revisión constitucional y que, con un discurso argumental inobjetable, haya reafirmado el principio elemental de que sobre la Constitución local y su derecho infranconstitucional prevalece la Constitución federal, con lo cual toda incompatibilidad o contradicción vicia de invalidez a la Constitución provincial”.








