Desde la vuelta de la democracia en 1983, el Poder Judicial provincial tuvo que intervenir en tensos procesos políticos y emitir pronunciamientos de graves consecuencias institucionales.
El 28 de noviembre de 1987, la Corte Suprema (integrada por Carlos Rodríguez Marañón, René Goane y Ricardo Falú) declaró inconstitucionales las resoluciones que había adoptado el Colegio Electoral y que apuntaban a su disolución frente a la imposibilidad de elegir gobernador. En efecto, el 5 de ese mes, en la tercera votación, los votos en blanco habían sido 24 (los de los bussistas que actuaban por Bandera Blanca, y los de Acción Provincia, que respondía al peronista disidente Osvaldo Cirnigliaro); los de los radicales (por Rubén Chebaia, el que más votos había conseguido en las elecciones), 22, y los justicialistas (por José Domato), sólo 14.
Juan Carlos Meuli, elector del PJ, dedujo una acción de amparo y solicitó a la Corte que impidiera la convocatoria a una nueva elección, en la convicción de que el Colegio Electoral debía hacerlo.
El tribunal concluyó que, aunque se trataba de una cuestión política, estaba sujeta al control judicial. Así, impidió que los electores votarán en blanco, lo que permitió que el Colegio Electoral eligiera gobernador (fue Domato, con el apoyo de Cirnigliaro).
En su voto, el vocal Goane resaltó que la decisión no constituía una invasión de la Justicia en el ámbito privativo de otro poder u órgano constitucional. “Es el ejercicio del aspecto más eximio de su competencia jurisdiccional: asegurar la efectiva supremacía de la Ley Fundamental, del poder constituyente sobre los poderes y órganos constituidos”, dijo.
En 1990, a raíz de la acción de amparo interpuesta por dos convencionales del PJ (José Gutiérrez y Reinaldo Díaz), la Corte (con otra integración) tuvo que resolver otra compleja cuestión.
El 17 de marzo, ordenó cautelarmente a la Convención Constituyente convocada para reformar la Constitución que se abstuviera de aplicar dos artículos del reglamento interno aprobado (posibilitaban que hubiera enmiendas parciales). Pese al fallo, la Asamblea siguió adelante y aunque en la última sesión fueron modificados los dos artículos cuestionados, esta fue la razón por la que el PJ abandonó la Convención y los bussistas pudieron sancionar la Carta Magna casi en soledad.
El 28 de noviembre de 1987, la Corte Suprema (integrada por Carlos Rodríguez Marañón, René Goane y Ricardo Falú) declaró inconstitucionales las resoluciones que había adoptado el Colegio Electoral y que apuntaban a su disolución frente a la imposibilidad de elegir gobernador. En efecto, el 5 de ese mes, en la tercera votación, los votos en blanco habían sido 24 (los de los bussistas que actuaban por Bandera Blanca, y los de Acción Provincia, que respondía al peronista disidente Osvaldo Cirnigliaro); los de los radicales (por Rubén Chebaia, el que más votos había conseguido en las elecciones), 22, y los justicialistas (por José Domato), sólo 14.
Juan Carlos Meuli, elector del PJ, dedujo una acción de amparo y solicitó a la Corte que impidiera la convocatoria a una nueva elección, en la convicción de que el Colegio Electoral debía hacerlo.
El tribunal concluyó que, aunque se trataba de una cuestión política, estaba sujeta al control judicial. Así, impidió que los electores votarán en blanco, lo que permitió que el Colegio Electoral eligiera gobernador (fue Domato, con el apoyo de Cirnigliaro).
En su voto, el vocal Goane resaltó que la decisión no constituía una invasión de la Justicia en el ámbito privativo de otro poder u órgano constitucional. “Es el ejercicio del aspecto más eximio de su competencia jurisdiccional: asegurar la efectiva supremacía de la Ley Fundamental, del poder constituyente sobre los poderes y órganos constituidos”, dijo.
En 1990, a raíz de la acción de amparo interpuesta por dos convencionales del PJ (José Gutiérrez y Reinaldo Díaz), la Corte (con otra integración) tuvo que resolver otra compleja cuestión.
El 17 de marzo, ordenó cautelarmente a la Convención Constituyente convocada para reformar la Constitución que se abstuviera de aplicar dos artículos del reglamento interno aprobado (posibilitaban que hubiera enmiendas parciales). Pese al fallo, la Asamblea siguió adelante y aunque en la última sesión fueron modificados los dos artículos cuestionados, esta fue la razón por la que el PJ abandonó la Convención y los bussistas pudieron sancionar la Carta Magna casi en soledad.








