Prevención frente a los rumores

Ultimamente, se han difundido rumores acerca de la inquietante posibilidad de futuros saqueos a comercios. Ellos podrían tener lugar en el primer aniversario de aquellos deplorables hechos que marcaron sombríamente los finales de diciembre de 2001. Como es imaginable, tales versiones han alarmado justificadamente, tanto a los comerciantes como a la población en general.
Digamos de entrada que, puesto que vivimos en un país democrático, cuya Constitución declara inviolable la propiedad privada, todo acto de esa naturaleza debe ser considerado como francamente delictivo. Nadie puede pensar que le es posible, impunemente, apoderarse por la fuerza de mercaderías que no le pertenecen. Y hay que subrayar también que ninguna situación de carencia, por premiosa que sea, puede avalar recursos de ese orden. Tal es el marco general del asunto y debemos entenderlo fuera de toda discusión.
Admitir otra cosa equivaldría a autorizar el despojo, la violencia y el caos en las calles, perspectiva que se abre fatalmente cuando no se respeta la ley. Tenemos una triste experiencia acerca de las secuelas que rodean a toda apelación violenta, así como el hecho comprobado del ningún poder germinativo que la violencia tiene. Detrás de ella, solamente hay más de lo mismo.
En consecuencia, corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para prevenir con tiempo cualquier actividad, individual u organizada, que tienda a concretar ese delito. La prevención debe incluir evitar la utilización política del descontento, que es un fenómeno frecuente. En ese sentido, atañe a la Policía diseñar, a la mayor brevedad, el correspondiente plan, que pueda ejecutarse con la debida celeridad y eficacia, si desgraciadamente llegaran a intentarse hechos como los que se temen. Se trata de un deber elemental, vinculado a la seguridad pública. Es obvio decir que la protección de las personas y de las propiedades debe constituir siempre la máxima prioridad.
Estos principios deben regir en toda sociedad organizada. Por cierto que, paralelamente, no pueden desconocerse las situaciones de pobreza y necesidad por las que atraviesa actualmente un vasto sector de la población. Sobrado testimonio a su respecto contiene la información cotidiana.
Es innegable que el Estado y las fuerzas vivas deben formar las redes de contención necesarias para los afectados por dicha realidad. Tal es la gran tarea de todo dirigente en el país de hoy, y de más está decir que su ejecución debe tener toda la profundidad y la intensidad requeridas.
No hay acción más premiosa que la de sacar al país del estado de postración en que se encuentra. A nadie escapa que es urgentemente necesario dinamizar la economía. Ello representará la apertura de fuentes genuinas de trabajo, indispensables para restablecer la cultura que siempre nos caracterizó en ese terreno. Es decir, la conciencia de que el sustento que cada persona lleva a su hogar ha sido ganado con el esfuerzo propio, y que no proviene de la dádiva ni de la apropiación indebida de lo ajeno. Solamente de ese modo una comunidad preserva el respeto que se debe a sí misma, y sin el cual le será imposible edificar nada duradero.
Que vivimos tiempos muy duros nadie lo duda, como tampoco resulta discutible que todavía no avizoramos el fin de esta crisis, la más intensa y prolongada de las que han soportado el país y la provincia a lo largo de su historia. La debemos enfrentar con espíritu de sacrificio y con disposición plena hacia el esfuerzo y la solidaridad, únicos caminos por los cuales puede llegarse a resultados positivos, según lo muestra la historia de todas las naciones de la tierra.
Pero, repetimos, toda esta acción debe tener como marco constante el respeto a los principios de la ley, sin vacilaciones y en toda circunstancia. Más allá de ellos solamente nos aguardan instancias penosas.