04 Diciembre 2002 Seguir en 
CARACAS.- El gobierno del presidente Hugo Chávez mantenía ayer una posición inflexible de rechazo a unas elecciones adelantadas, al cumplirse el segundo día de una huelga general que busca presionar al mandatario venezolano para que someta a una consulta popular. A medida que continuaba la paralización convocada por la oposición subía de tono el discurso oficialista para rechazar las exigencias opositoras e ignorar la huelga, a la que calificó de chantaje.
La radicalización del discurso oficialista estuvo acompañada por una violenta represión militar a una concentración pacífica opositora en una plaza en el este de Caracas. Las tropas desalojaron el lugar con gases lacrimógenos y disparos de perdigones, con el argumento de que la manifestación no tenía autorización y que se realizada en una zona de seguridad en la que están prohibidas las concentraciones públicas. Sin embargo, las autoridades locales del vecino Estado de Miranda, que tiene jurisdicción sobre el lugar, mostraron la autorización que habían dado a la manifestación y un fallo judicial que anula la declaración de zona de seguridad en la llamada Plaza de la Meritocracia, donde ocurrieron los hechos.
La consulta popular
Desde que comenzó la huelga Chávez no ha hecho presentaciones públicas, pero anteriormente había recalcado que no aceptaría una consulta electoral adelantada. La semana pasada, la Justicia electoral hizo lugar a un pedido de la oposición y convocó a un referéndum consultivo para febrero próximo, cuyo objetivo es medir el grado de aceptación de Chávez en la población venezolana. El máximo tribunal electoral nacional se enfrentó con la Corte Suprema de Justicia por esta resolución que, según observadores, podría minar el poder de Chávez y abrir el camino a una futura consulta revocativa, en agosto de 2003. (DPA)
La radicalización del discurso oficialista estuvo acompañada por una violenta represión militar a una concentración pacífica opositora en una plaza en el este de Caracas. Las tropas desalojaron el lugar con gases lacrimógenos y disparos de perdigones, con el argumento de que la manifestación no tenía autorización y que se realizada en una zona de seguridad en la que están prohibidas las concentraciones públicas. Sin embargo, las autoridades locales del vecino Estado de Miranda, que tiene jurisdicción sobre el lugar, mostraron la autorización que habían dado a la manifestación y un fallo judicial que anula la declaración de zona de seguridad en la llamada Plaza de la Meritocracia, donde ocurrieron los hechos.
La consulta popular
Desde que comenzó la huelga Chávez no ha hecho presentaciones públicas, pero anteriormente había recalcado que no aceptaría una consulta electoral adelantada. La semana pasada, la Justicia electoral hizo lugar a un pedido de la oposición y convocó a un referéndum consultivo para febrero próximo, cuyo objetivo es medir el grado de aceptación de Chávez en la población venezolana. El máximo tribunal electoral nacional se enfrentó con la Corte Suprema de Justicia por esta resolución que, según observadores, podría minar el poder de Chávez y abrir el camino a una futura consulta revocativa, en agosto de 2003. (DPA)







