Detrás de las rejas, todo el tiempo posible

El 1 de octubre, cuando el Gobierno anunció el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, el ministro Mario López Herrera le confesó a LA GACETA que se abría la posibilidad de un debate con abogados y miembros del Poder Judicial para mejorar la seguridad en la provincia. Pero está visto que, una vez que un proyecto oficial llega a la Legislatura, pretender un debate es una utopía. Hay 43 voluntades dispuestas a levantar la mano para apoyar lo que el gobernador quiere. Y José Alperovich insiste en que la lucha contra la inseguridad se gana encarcelando sospechosos. No importa que la ley madre, en este caso el Código Penal, establezca penas de ejecución condicional para, por ejemplo, los arrebatos. Ni que la excepción sea la detención de la persona mientras dura la investigación. Según el PE, hay que tener a los delincuentes todo el tiempo posible detrás de las rejas. Pero los legisladores, muchos de ellos abogados, introdujeron una modificación en la reforma, teniendo en cuenta los planteos de inconstitucionalidad que ya analizaban los letrados, incluso con el guiño del presidente de la Corte, Antonio Gandur. Los miembros de la bancada oficial ordenaron que la prisión preventiva sólo puede ser efectiva durante 30 días, y dejaron abierta la posibilidad de extenderla otros 30 con decreto fundado. Sacan de circulación a los acusados durante el menos 90 días (entre el requerimiento y el dictado de la preventiva pueden pasar 20 días hábiles) y el Gobierno así muestran estadísticas sobre el descenso de los delitos. Es una buena época además. Muchos ladrones también viajan a la Costa a hacer su enero. Pero es sabido que los delincuentes no se toman vacaciones y que no acostumbran robar con el Código bajo el brazo.