Fallo sobre la Constituyente, a un año y medio de su disolución

Rechazan un planteo que pedía suspender las sesiones de la asamblea.

03 Enero 2008
Un año y medio después de haber terminado la labor de la Convención Constituyente, y de haberse presentado una denuncia en su contra, la Justicia desestimó in límine una acción de amparo interpuesta por Oscar López para impedir que sigan sus debates.
El dirigente peronista disidente había solicitado la inconstitucionalidad y nulidad de todo lo que trate y resuelva el cuerpo encargado de reformar la Carta Magna. La Convención se disolvió el 6 de junio de 2006, tras aprobar la nueva Constitución, pero la causa siguió su trámite en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Poco antes de la feria de enero, el tribunal, integrado por Ebe López Piossek y por Enrique Guibert, rechazó la pretensión del actor.
El expediente había sido reimpulsado en octubre pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia resolvió desacumular los procesos que estaban reunidos en el juicio impulsado por el Colegio de Abogados contra la reforma constitucional.
"Por el tiempo transcurrido, las circunstancias que motivaron la presentación han perdido actualidad. Se trata de etapas ya transcurridas y lo pedido resulta de imposible aplicación. El amparista no modificó los alcances de su demanda ni el objeto de su pretensión", puntualizaron los magistrados.
López ya interpuso el recurso de casación contra este fallo para que la Corte resuelva en definitiva. En su nuevo escrito, recusó con causa al vocal Antonio Estofán (lo denunció penalmente por delitos de acción pública) y sin causa al presidente del máximo tribunal, Antonio Gandur. Alegó que, en caso de no prosperar el amparo, había planteado una acción declarativa de inconstitucionalidad; el control judicial de oficio de constitucionalidad y la nulidad de las normas aprobadas por los convencionales.
"Los camaristas incurrieron en una lectura absolutamente parcial, arbitraria y contradictoria de la demanda, en abuso y desviación del poder", aseveró López. Agregó que no le es imputable el retardo judicial de 18 meses en resolver.

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