28 Diciembre 2007 Seguir en 
El jueves 21 de diciembre a las 19.30, Silvia Jantzon de Marchese, de 57 años, y su hijo Domingo, de 24, circulaban de norte a sur en su automóvil Fiat Palio Weekend por calle Bascary. Cuando habían pasado la platabanda de la avenida, el automóvil fue chocado por un Chevrolet Corsa que, de oeste a este, guiaba Gustavo Jiménez, de 18 años. Con el joven iba su amigo Rodrigo Morales, de la misma edad. La mujer murió en el acto, y su hijo, tres días después.
A partir de ese momento se inició una batalla legal que tuvo aditamentos sin precedentes, como la intervención de la Corte, cuyos miembros ordenaron la realización de pericias físico-mecánicas. Dirimió así un conflicto de jurisdicción planteado entre el fuero penal y el civil.
El fiscal que lleva adelante el caso, Guillermo Herrera, fue acusado de parcialidad por los familiares de los Marchese, quienes afirmaban que se buscaba beneficiar al conductor del Corsa, hijo del ministro de Economía de la provincia, Jorge Jiménez.
Al mismo tiempo que avanzaba la causa penal, con Jiménez como imputado de doble homicidio culposo, se inició una causa civil, a cargo del juez Ricardo Molina.
Alfredo Falú, defensor de Jiménez, afirmó que ellos en ningún momento pusieron trabas a la investigación. "Estamos convencidos de la inocencia de mi cliente. No hicimos planteos dilatorios y permitimos que se concretaran varias pericias, a pesar de que no estábamos de acuerdo", indicó. Falú, incluso, criticó el trabajo del juez civil. "A pesar de que no es su función, está llevando adelante una investigación paralela, algo que nos parece inadmisible. Pero la misma Corte convalidó su pedido, por lo que no hicimos más planteos", afirmó. Los familiares de los Marchese, además, se pusieron al frente de una campaña de seguridad vial. El domingo encabezaron una marcha por Yerba Buena, en la que conmemoraron un año de la tragedia. "Estamos seguros de que la seguridad vial no es sólo un problema del Estado, sino de todos. Por eso pretendemos que quien conduzca un auto sea consciente del daño que puede causar si se equivoca", aseguró Elina Marchese.
A partir de ese momento se inició una batalla legal que tuvo aditamentos sin precedentes, como la intervención de la Corte, cuyos miembros ordenaron la realización de pericias físico-mecánicas. Dirimió así un conflicto de jurisdicción planteado entre el fuero penal y el civil.
El fiscal que lleva adelante el caso, Guillermo Herrera, fue acusado de parcialidad por los familiares de los Marchese, quienes afirmaban que se buscaba beneficiar al conductor del Corsa, hijo del ministro de Economía de la provincia, Jorge Jiménez.
Al mismo tiempo que avanzaba la causa penal, con Jiménez como imputado de doble homicidio culposo, se inició una causa civil, a cargo del juez Ricardo Molina.
Alfredo Falú, defensor de Jiménez, afirmó que ellos en ningún momento pusieron trabas a la investigación. "Estamos convencidos de la inocencia de mi cliente. No hicimos planteos dilatorios y permitimos que se concretaran varias pericias, a pesar de que no estábamos de acuerdo", indicó. Falú, incluso, criticó el trabajo del juez civil. "A pesar de que no es su función, está llevando adelante una investigación paralela, algo que nos parece inadmisible. Pero la misma Corte convalidó su pedido, por lo que no hicimos más planteos", afirmó. Los familiares de los Marchese, además, se pusieron al frente de una campaña de seguridad vial. El domingo encabezaron una marcha por Yerba Buena, en la que conmemoraron un año de la tragedia. "Estamos seguros de que la seguridad vial no es sólo un problema del Estado, sino de todos. Por eso pretendemos que quien conduzca un auto sea consciente del daño que puede causar si se equivoca", aseguró Elina Marchese.
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