El gobierno denuncia la presencia de grupos terroristas en Bolivia

LA PAZ.- La explosión de un cartucho de dinamita en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), luego de otros hechos similares perpetrados contra la vivienda de un dirigente oficialista, una sede de la Justicia regional y un hotel de Santa Cruz, rompió finalmente el lunes la frágil tregua navideña instalada en Bolivia.
El presidente, Evo Morales, había pedido a las regiones opositoras una pausa y entablar un diálogo que todavía no llega. Los cinco departamentos más ricos del país rechazan el proyecto de Constitución oficial y han proclamado una autonomía extendida.
El gobierno consideró que el ataque contra la mayor organización sindical, que dejó importantes daños materiales, demuestra que en el país opera un grupo terrorista. “Son atentados sucesivos con uso de explosivos y en algunos casos de armamento. Eso constituye un atentado a la sociedad democrática”, argumentó ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada. El domicilio del concejal del oficialista MAS, Osvaldo Peredo, el Palacio regional de Justicia y un hotel donde Morales habitualmente pernocta cuando viaja a Santa Cruz, fueron blanco de atentados en las últimas dos semanas.

En el centro de la disputa
Morales había ordenado la suspensión de spots televisivos y jingles de radio adversos a la causa  autonomista de los opositores, con el fin de apaciguar los ánimos caldeados entre las prefecturas y el Ejecutivo. Esas conversaciones, que aún parecen lejanas, están destinadas a discutir dos de los temas de mayor polémica: el resistido recorte de los presupuestos de las regiones para financiar una renta anual de vejez y la nueva Carta Magna, aprobada por la Asamblea Constituyente sin acuerdos con la oposición.

Contra la propiedad
Mientras el diálogo aún es esquivo, pues la oposición exige garantías para encontrar acuerdos duraderos, Bolivia también ha sufrido el aumento de la violencia política, pues, además de las explosiones, los domicilios de dos dirigentes políticos han sido quemados, resultado del conflicto entre el oficialismo y la oposición. A fines de noviembre, la casa del senador de centroderecha Abraham Cuéllar, en la ciudad amazónica de Cobija, fue destruida por activistas. Cuéllar había votado en el Congreso a favor de una polémica ley del gobierno para pagar una bonificación a los ancianos con dinero de las regiones. Este fin de semana, en Santa Cruz, desde donde se articula la oposición política, civil y empresarial al mandatario indígena, la casa del asambleísta Carlos Romero (MAS) fue incendiada. (AFP-NA)