BUENOS AIRES.- Las sombras del pasado vuelven en forma recurrente sobre una Argentina a la que le cuesta levantar cabeza. El temor a los saqueos, a la suba del dólar y a la hiperinflación se instalaron una vez más, sobre todo entre los habitantes de la Capital Federal y del gran Buenos Aires, que viven una realidad muchas veces más explosiva que el resto del país. La cercanía del 20 de diciembre, a un año de que el país estalló como un polvorín y cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, desató una ola de rumores sobre eventuales actos de violencia callejeros, encabezados por los piqueteros más reaccionarios, y sobre intentos de ataques a comercios minoristas y supermercados.
Establecer medidas de precaución para evitar hechos de violencia es una sana actitud, pero el problema radica en que hay que separar las aguas. Esto es, establecer quiénes son los agitadores y por qué razones lo son.
Por un lado, están las movilizaciones anunciadas por organizaciones piqueteras y por el movimiento que encabeza Adolfo Rodríguez Saá. De por sí hay un claro peligro de incidentes si chocan ambas columnas.
Está claro que el Gobierno nacional salió a agitar las aguas más de lo debido, en una clara técnica empleada por anteriores gobiernos, con el fin de restar adhesión a las protestas. Pero también fueron un llamado de atención las denuncias contra activistas menemistas. Uno de los líderes piqueteros, Raúl Castells, denunció que seguidores del ex presidente ofrecían plata a cambio de violencia. Esa denuncia les vino como anillo al dedo al presidente Eduardo Duhalde y sus colaboradores, quienes ven en el menemismo una fuente de incitación a los disturbios.
Los discursos de Menem
Desde la Rosada se alimenta la idea de que a Menem le conviene un clima de agitación social para volver a crecer en las encuestas, como una supuesta salida para poner orden. En sus discursos, Menem no dudó en hablar del estado de sitio ni de la utilización de militares para garantizar la paz social. También se sospecha, desde el poder, de las huestes de Rodríguez Saá, que maquinarían una especie de venganza por el estallido registrado horas antes de su renuncia por falta de apoyo de los gobernadores peronistas.
Y después están los partidos de izquierda, a los cuales el gobierno ve siempre como una amenaza, montados sobre el descontento social.
Lo cierto es que, más allá de las acusaciones cruzadas, quizás todo esto sirva para poner paños de agua helada sobre la frente de aquellos que apuestan a la violencia en un país donde la mayoría de los habitantes reclama paz y medidas que permitan combatir el hambre, la pobreza y la desocupación.
El futuro cercano
Con el cronograma electoral ya aprobado por el Congreso, junto con la Ley de Acefalía, resta ahora definir qué sucederá con la interna peronista. El 27 de abril habrá elecciones nacionales, el 18 de mayo una eventual segunda vuelta y el 25 de ese mes se hará la entrega del poder a un presidente que durará en su puesto, por única vez, cuatro años y seis meses.
En la Ley de Acefalía se agregó un párrafo para evitar la proscripción de Menem y, con ello, un nuevo elemento de conflicto, debido al tiempo que debe pasar para que este pueda presentarse nuevamente como candidato a la presidencia.
Con ese panorama, está claro que la interna justicialista del 19 de enero prácticamente tiene certificado de defunción y que habrá que ver si finalmente el PJ no termina habilitando a todos sus precandidatos para que compitan en las elecciones presidenciales del 27 de abril, y evitar así una nueva guerra familiar.
Otro de los problemas que afronta el Gobierno está referido a la estabilidad de la economía y al comportamiento del dólar. A la falta de acuerdo del FMI se sumaron ahora dos elementos que hacen presión sobre el dólar, tras cinco meses de tranquilidad: el corralito bancario que se abrirá el lunes y el próximo fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunciará a favor de la redolarización de los depósitos.
Este último tema desató una nueva pelea entre el Banco Central (Aldo Pignanelli) y el Ministerio de Economía, cuyo titular realizó una gira por Europa en busca de apoyo para el acuerdo con el Fondo. Pignanelli quiere bonos a largo plazo para hacer frente a lo que disponga la Corte, mientras que Economía se opone a una medida de esa naturaleza. En el medio de esa disputa, la Corte volvió a ganar tiempo y, en medio de nuevas peleas internas por la difusión de posturas de sus miembros, iniciará una serie de reuniones para debatir cómo se devolverán los plazos fijos a la gente.
Como se verá, las sombras gozan de buen salud. (DyN)
