¿Canonjía o apriete?

En el Poder Ejecutivo se jactan de que a los jueces les están concediendo una verdadera canonjía (vieja prebenda colonial que suponía un holgado provecho). Esta consistiría en otorgarles un préstamo sumamente flexible (en plazo de devolución y en tasa de interés) para que ajusten cuentas personales con la Anses (por aportes previsionales adeudados), de manera que puedan jubilarse rápidamente con el 82% móvil. Por ello, en la Casa de Gobierno argumentan que, como contrapartida, pueden fijar las condiciones (bien onerosas, por cierto): que inicien los trámites para el retiro hasta el 31 de marzo.

Cuentos de hadas
Como en esta provincia es cada vez más difícil creer en cuentos de hadas en materia institucional, el término impuesto para que los jueces se vayan, a partir de un aliciente económico (los que no se acojan al crédito de la Caja Popular de Ahorros tendrán que arreglárselas a solas con la Anses), suena más a presión que a canonjía. Esto último, teniendo en cuenta que los jueces permanecen en sus cargos mientras dure su buen desempeño y, por ende, no se les puede colocar un plazo de caducidad a sus mandatos.
Lo pretendió el último párrafo del inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución nacional de 1994, que exigía un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo (con acuerdo del Senado) para aquellos magistrados que cumplieran los 75 años. Pero en la causa Fayt, de 1999, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declaró nulo por considerar que atentaba contra el principio de la inamovilidad y porque podía constituirse en una herramienta política formidable: designar a nuevos jueces sin el costo de destituirlos previamente.

Importan algunos
Dos datos avalan la tesis de que al Ejecutivo le importan particularmente los 66 cargos de jueces que quedarían vacantes: la canonjía no comprende a los funcionarios judiciales (a quienes no se les allana el camino para la jubilación) y el nuevo pronto despacho público que ayer concretó el gobernador José Alperovich para apurar un fallo sobre la reforma constitucional (fundamentalmente en lo relacionado con la forma de seleccionar jueces).
El mensaje rosa, una vez más, iría destinado a dejar mal parada a la Justicia: "nosotros que les facilitamos las cosas; en cambio, ellos nos traban o demoran el nombramiento de nuevos magistrados".