El préstamo no cubre a todos los funcionarios

El hecho de que la Caja Popular de Ahorros haya abierto una línea de crédito por sólo $ 3 millones, para facilitar que los jueces puedan liquidar diferencias con la Anses y jubilarse con el beneficio del 82% móvil, ha generado incertidumbre entre los funcionarios judiciales. Hoy, en el primer piso del palacio de Tribunales, se reunirá la comisión directiva de la asociación que los agrupa y que preside Roque Medina para analizar el tema.
El anexo "A" del acta suscripta entre la Provincia y la Nación el 1 de julio del año pasado determina quiénes podrán acogerse a los beneficios de la Ley 24.068, que concede el beneficio del 82% móvil. La lista de 15 categorías incluye desde el cargo de vocal de Corte y ministro fiscal hasta los de prosecretario judicial (categoría D) y juez de paz.
Como consecuencia, hace dos meses, la Secretaría Administrativa de la Corte Suprema de Justicia envió al Poder Ejecutivo el detalle de las diferencias -por aportes previsionales- que cada magistrado o funcionario -en condiciones de jubilarse con el 82% móvil- adeuda en forma individual a la Anses en concepto de reajuste retroactivo a 1996. Hasta el momento, serían unas 141 las personas las que podrían iniciar los trámites jubilatorios: 66 magistrados, 50 funcionarios y 25 jueces de paz.
Como consecuencia de la rectificación realizada, surgió un monto global de $ 9,5 millones, que incluye la precisión de lo que cada magistrado o funcionario adeuda a la Anses en concepto de reajuste (en algunos casos, los correspondientes a aquellos que se encontraban en el sistema de capitalización y a quienes sólo les descontaban el 7%, las diferencias ascienden hasta a $ 70.000).
Si el monto global debido a la Anses por diferencias de aportes asciende a $ 9,5 millones, ¿por qué el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo sólo autoriza a la Caja Popular a habilitar una línea de crédito por $ 3 millones?
El fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, respondió el interrogante. "Porque los $ 3 millones constituyen un beneficio que sólo comprende lo adeudado por los magistrados. El resto de los funcionarios, que también pueden jubilarse con el 82% móvil, tendrán un tratamiento aparte, diferente", explicó. Justamente por esta diferenciación, la comisión directiva del Centro de Funcionarios se reunirá hoy para debatir la cuestión.