Grave deuda política del Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación ha vuelto a demostrar que es uno de los testimonios más contundentes de las precarias relaciones políticas entre las que se desenvuelve nuestro sistema democrático. Después de cinco semanas sin sesionar por causa de diferencias entre los sectores más numerosos, incluidas las internas del propio oficialismo, llegó al final del período ordinario de sesiones con algo más de trescientos proyectos de diverso carácter sin tratar, pretendiendo hacerlo en una reunión maratónica cuya orden del día incluyó más de 670, de los que no fue posible la consideración puntual de todos.
En ese caso, votar no pocos a libro cerrado y dejar algunos en el olvido, fueron las alternativas planteadas por tan reprobable comportamiento político. Sería injusto dejar de señalar que no todos los representantes del pueblo son responsables de esa situación, pero sí un número suficiente que generalmente integra los bloques partidarios que postulan precandidaturas presidenciales.
En nuestra política, desde hace demasiado tiempo, predomina la perversa condición de confrontar a costa de los intereses generales antes que al servicio de las ideas, para tratar de eliminar al adversario. En esta ocasión, la Cámara baja fue convertida por añadidura en otro espacio de la lucha interna que el Partido Justicialista mantiene entre sus precandidatos presidenciales y en la que uno de los contendientes es el jefe del gobierno nacional.
A ello se suman las diferencias con el radicalismo en cuestiones donde, tiempo atrás, mantuvieron posiciones diferentes y que enrarecen aún más el rumbo de la transición. Pero seguramente que el testimonio más elocuente de la forma con que la mayoría de los diputados se desentendió de las urgencias de la crisis fue la postergación hasta último momento del proyecto nacional alimentario y nutricional, en medio de la demanda pública ante los dramáticos casos de desnutrición infantil que conmueven al país y en el exterior.
En previsión de que el corto tiempo restante de sesiones ordinarias no alcanzase para su debate, el Poder Ejecutivo debió incluir ese dictamen en el período extraordinario. No tan urgente, aunque sí con trascendencia manifiesta, es el proyecto sobre acceso a la información pública en los tres poderes del Estado y que permitirá al sector privado ejercer mayor control de gestión.
A la escasa preocupación demostrada por las mayorías parlamentarias sobre la reforma política, se sumó la decisión presidencial de alterar el régimen de internas partidarias, como otro capítulo de la confrontación justicialista.
En consecuencia tan sólo quedó de esa reforma la flexibilización de condiciones para crear nuevos partidos, otro de los proyectos que esperan desde hace meses en Diputados y que ha debido ser incluido en la convocatoria de sesiones extraordinarias. Una agenda que se extiende hasta el último día del año, pero con un temario tan numeroso por las causas apuntadas, que no será posible agotar ante la necesidad de tener que debatir y aprobar el Presupuesto 2003, que lleva ya mes y medio de espera en la Cámara Baja.
Ese clima legislativo imprevisible y el no menos incierto calendario electoral, inseparable de este, han colocado al proceso de transición institucional y política en tan notoria incertidumbre que el país debe resignarse a soportar las incógnitas que postergan largamente los acuerdos con organismos multilaterales de crédito y acreedores externos.
Corregir las insuficiencias de nuestra clase política no será tarea corta ni puramente legislativa.
Factor decisivo y prioritario es la ciudadanía, que no siempre cumplió adecuadamente con los deberes selectivos que imponen las urnas y, en consecuencia, ha sentido la necesidad de ejercer el derecho a peticionar mediante riesgosas acciones directas.