Manzur retira una demanda de Juri en contra del Gobierno
El ex vicegobernador consideró que era inconstitucional la devolución de cinco normas. El paquete de textos que no promulgó ni vetó Alperovich comprendía el pago del 82% móvil a los jubilados transferidos. La interna del PJ como telón de fondo.
En cada acción que emprende, el vicegobernador Juan Manzur pretende demostrar fidelidad absoluta al gobernador José Alperovich. A tal punto que, ahora, dispuso que se retiren las demandas iniciadas por quien lo precedió en el cargo, Fernando Juri, en contra del Gobierno.
Por medio de esa acción, impulsada el 30 de marzo, el ex presidente de la Legislatura pretendía que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales sendos decretos del Poder Ejecutivo y se dilucidara la validez legal y la consecuente vigencia o no de cinco normas. Los textos habían sido sancionados el lunes 12 de marzo por la Cámara, luego de un veto que había interpuesto el Poder Ejecutivo a fines de febrero.
Además, ese paquete de normas, entre las que se encontraba el reconocimiento del pago del 82% móvil a los jubilados transferidos al sistema previsional de la Nación, había sido devuelto por el Ejecutivo, que no las promulgó ni las vetó. En efecto, mediante los decretos cuestionados, el gobernador José Alperovich había declarado no procedente el tratamiento legislativo de los proyectos ratificados.
Ahora, mediante el decreto interno 0110, Manzur deshizo lo actuado por Juri y deslizó que la acción judicial tuvo como telón de fondo la elección interna en el Partido Justicialista, en la que el propio Juri enfrentó a la esposa del gobernador, la diputada Beatriz Rojkés de Alperovich. "En la actualidad, las circunstancias tenidas en vista para ello (la acción judicial) han variado sustancialmente. Consecuentemente, es decisión de la Presidencia poner fin a ese litigio, en el marco de la relación armónica entre ambos poderes del Estado, que debe traducirse en la unidad de acción y de fines", aseveró el actual titular de la Legislatura.
Con ese argumento, Manzur autorizó al asesor letrado de la Cámara, el abogado Federico Nazur, a que desista del proceso "Honorable Legislatura de Tucumán c/ Poder Ejecutivo de Tucumán s/acción declarativa de Inconstitucionalidad".
Tensión institucional
La presentación efectuada por Juri se dio justo en el momento de mayor tensión institucional de la anterior gestión y en la víspera de la elección de autoridades en el PJ, que tuvo lugar el 1 de abril y en la que resultó vencedora Rojkés de Alperovich.
El paquete de cinco normas sancionadas por la Legislatura fue devuelto por el Ejecutivo a partir de una fuerte discusión respecto de la validez de su sanción. La discusión giró en torno del momento en que fueron aprobadas y vetadas. Juri tomó como base el artículo 75 de la Constitución provincial. Este dice que el PE sólo podrá vetar una ley una sola vez y, si en las sesiones del año siguiente la Legislatura volviese a sancionar la misma ley por mayoría absoluta, el Ejecutivo estará obligado a promulgarla. Desde el Gobierno adujeron que la referencia "año siguiente" de ese artículo refiere al año calendario y no al año legislativo, que comienza el 1 de marzo y concluye el 28 de febrero del año siguiente.
Por tanto, el gobernador sostuvo que la Cámara debió rechazar los vetos y no volver a sancionar los textos, si es que pretendía que las normas entraran en vigencia.
Por medio de esa acción, impulsada el 30 de marzo, el ex presidente de la Legislatura pretendía que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales sendos decretos del Poder Ejecutivo y se dilucidara la validez legal y la consecuente vigencia o no de cinco normas. Los textos habían sido sancionados el lunes 12 de marzo por la Cámara, luego de un veto que había interpuesto el Poder Ejecutivo a fines de febrero.
Además, ese paquete de normas, entre las que se encontraba el reconocimiento del pago del 82% móvil a los jubilados transferidos al sistema previsional de la Nación, había sido devuelto por el Ejecutivo, que no las promulgó ni las vetó. En efecto, mediante los decretos cuestionados, el gobernador José Alperovich había declarado no procedente el tratamiento legislativo de los proyectos ratificados.
Ahora, mediante el decreto interno 0110, Manzur deshizo lo actuado por Juri y deslizó que la acción judicial tuvo como telón de fondo la elección interna en el Partido Justicialista, en la que el propio Juri enfrentó a la esposa del gobernador, la diputada Beatriz Rojkés de Alperovich. "En la actualidad, las circunstancias tenidas en vista para ello (la acción judicial) han variado sustancialmente. Consecuentemente, es decisión de la Presidencia poner fin a ese litigio, en el marco de la relación armónica entre ambos poderes del Estado, que debe traducirse en la unidad de acción y de fines", aseveró el actual titular de la Legislatura.
Con ese argumento, Manzur autorizó al asesor letrado de la Cámara, el abogado Federico Nazur, a que desista del proceso "Honorable Legislatura de Tucumán c/ Poder Ejecutivo de Tucumán s/acción declarativa de Inconstitucionalidad".
Tensión institucional
La presentación efectuada por Juri se dio justo en el momento de mayor tensión institucional de la anterior gestión y en la víspera de la elección de autoridades en el PJ, que tuvo lugar el 1 de abril y en la que resultó vencedora Rojkés de Alperovich.
El paquete de cinco normas sancionadas por la Legislatura fue devuelto por el Ejecutivo a partir de una fuerte discusión respecto de la validez de su sanción. La discusión giró en torno del momento en que fueron aprobadas y vetadas. Juri tomó como base el artículo 75 de la Constitución provincial. Este dice que el PE sólo podrá vetar una ley una sola vez y, si en las sesiones del año siguiente la Legislatura volviese a sancionar la misma ley por mayoría absoluta, el Ejecutivo estará obligado a promulgarla. Desde el Gobierno adujeron que la referencia "año siguiente" de ese artículo refiere al año calendario y no al año legislativo, que comienza el 1 de marzo y concluye el 28 de febrero del año siguiente.
Por tanto, el gobernador sostuvo que la Cámara debió rechazar los vetos y no volver a sancionar los textos, si es que pretendía que las normas entraran en vigencia.
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