El Ejecutivo quiere agotar todas las vías procesales

En el Poder Ejecutivo están dispuestos a agotar todas las vías procesales con el fin de urgir el dictado de una pronta sentencia en la causa promovida por el Colegio de Abogados contra disposición de la Carta Magna. La Fiscalía de Estado, que encabeza Francisco Sassi Colombres, podría interponer una queja ante la Corte Suprema de Justicia.    
El lunes, Sassi Colombres formalizó un pedido de pronto despacho para que la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se pronuncie. Desde el momento en que este escrito sea tenido por presente (léase proveído), algo que hasta ayer no había ocurrido, el tribunal dispondrá de un plazo no mayor de 15 días hábiles para pronunciarse, según ordena el artículo 51 del Código Procesal Civil y Comercial. La particularidad de este caso radica en que, excluyendo el de hoy, para la finalización del año judicial quedan 10 días hábiles. Como consecuencia, en teoría, el plazo vencería a principios de febrero de 2008, cuando se reinicie la actividad en Tribunales.
No obstante, si se venciera el plazo de 15 días y no hubiera sentencia, en el Poder Ejecutivo conjeturan que podrían invocar el artículo 50, tercer apartado, inciso C, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga a la Corte Suprema competencia material para conocer y resolver “de las quejas por denegación o retardo de justicia de los miembros de los tribunales colegiados”.
Existe un precedente de 1996, en el que la Corte fijó cómo debía procederse frente a un eventual caso de retardo en la resolución por parte de un tribunal colegiado. En la causa “Pacheco, Dolores, vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/contencioso administrativo (recurso de queja por casación denegada)”, se resolvió: “no corresponde acudir directamente ante esta Corte, sino que el pedido de pronto despacho opera como queja ante el mismo tribunal y, a partir de un plazo no mayor de 15 días para pronunciarse, si no lo hace, puede el interesado ocurrir por la vía prevista por el artículo 50, tercer apartado, inciso C, de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.