Abogados también quieren un pronto fallo

Con un tono rayano con la ironía, las autoridades del Colegio de Abogados elogiaron que el Gobierno (la Provincia es la parte demandada) ahora manifieste apuro porque haya cuanto antes un fallo en la causa promovida por la entidad contra disposiciones de la Constitución provincial sancionada en 2006; en particular, las relacionadas con la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y del Jurado de Enjuiciamiento.
El presidente de la institución, Antonio Bustamante, sintetizó la posición de los abogados. "Es muy importante este cambio de actitud del Poder Ejecutivo, ya que antes realizaba planteos dilatorios y ahora propende o concreta todos los requerimientos procesales necesarios con el fin de que se dicte una sentencia lo más pronto posible, como siempre fue la intención y el anhelo de nuestro colegio y de toda la ciudadanía tucumana", aseguró.
El letrado insistió sobre la misma idea. "Siempre bregamos porque se defina esta controversia sobre la norma fundamental de la provincia. Nosotros sostenemos que la sentencia debe declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, porque de ello depende el grado de independencia que tendrán el Poder Judicial y quienes lo integran (los jueces) en nuestra provincia", aseveró.
Las palabras de Bustamante tienen como telón de fondo el pedido de pronto despacho que el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres (representa a la Provincia), formalizó el lunes ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello y que debe pronunciarse en la causa. "Recurrieron a uno de los remedios procesales previstos por las normas vigentes para urgir el dictado de una sentencia. Igualmente, consideramos que sería muy bueno para la provincia que antes de fin de año esté la sentencia de la Cámara", destacó.

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Sassi Colombres peticionó el pronto despacho en la convicción de que estaban vencidos los plazos para expedirse sobre el fondo de la cuestión debatida en la causa, en la que ya quedó firme el llamado de autos para sentencia. El fiscal de Estado echó mano de las vías que establece el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, cuyo artículo 51 prevé que el tribunal ante el que se haya concretado el pedido deberá expedirse en un plazo no mayor de 15 días hábiles (estos se cuentan desde que el escrito es proveído por el órgano juzgador).
El Colegio de Abogados interpuso la demanda el 22 de mayo de 2006, cuando aún no había sido sancionada la nueva Constitución, y la amplió el 27 de junio de ese año. Un día después, Giovanniello, entonces a cargo de la presidencia de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar por medio de la cual ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de ejecutar el decreto 1.840.
A través de este, el gobernador José Alperovich había dispuesto que el CAM, encargado de la selección de los jueces, debía ser integrado con tres funcionarios del Poder Ejecutivo (el ministro de Gobierno, el fiscal de Estado y el secretario general de la Gobernación), un legislador, un representante del Poder Judicial (con jerarquía no inferior a la de vocal de Cámara) y un abogado elegido por sorteo.
Los letrados consideran que esta preponderancia política en el CAM conspira contra la independencia de la Justicia.