Joven, es cierto; pero madura

La democracia es una forma de relacionar a gobernantes y gobernados; estos es, una forma de gobierno. No es la única posible; de hecho, ha sido claramente minoritaria en la historia política de la humanidad. Sin embargo, hoy por hoy, no existe líder u organización que no se autodenomine democrático. La democracia se ha vuelto un consenso global.
Los últimos 24 años de gobiernos democráticos en la Argentina y en  Tucumán no pueden evaluarse sin tomar en cuenta dos factores relacionados entre sí. La democratización emergió luego del devastador Plan Cóndor y estuvo en sus casi dos décadas iniciales (1984-2001) sujeta a los vaivenes de la hegemonía neoliberal, con un saldo social desastroso.
En parte, estos factores explican la enorme deuda que ostenta nuestra sociedad consigo misma. Esto  es: en plena vigencia de gobiernos democráticos hemos presenciado el deterioro de la calidad de vida, una corrupción rampante, niveles intolerables de impunidad, así como un sistemático aumento de la brecha entre ricos y pobres. Estos han sido fenómenos endémicos de los últimos 24 años. Fenómenos ellos criticables en otras formas de gobierno, pero imperdonables en una democracia.

Una paradoja
Ahora bien, el último lustro ha traído consigo cambios favorables. Una renovada capacidad de gestión por parte del gobierno provincial ha incidido claramente en el bienestar de la población, que ha recuperado derechos clave (trabajo, salud, educación, entre otros). En este sentido, el saldo reciente es favorable.
Sin embargo, estos logros se producen en un marco de subordinación total de la política y las instituciones a la gestión, a la ejecutividad (al fin y al cabo, al Poder Ejecutivo). De la misma forma en que esta primacía de la gestión genera resultados favorables en aspectos del bienestar inmediato, también genera debilidades institucionales a largo plazo. Para poder avanzar a paso firme en la consolidación institucional del bienestar de la población (y sacarlo de la órbita exclusiva de un poder, un decreto, o el trabajo social de algún político), es necesario reconocer y poner en práctica, al menos dos cosas:
1) Las demandas por una mayor institucionalidad y un mayor respeto por las formas de participación ciudadana en la república no son monopolio de un sector social, mucho menos de “la derecha” o de aquellos que defienden el modelo neoliberal, como a veces se argumenta. Hay una enorme cantidad de propuestas formuladas desde organizaciones sociales, grupos académicos, ciudadanos autoconvocados, organismos internacionales, etcétera, que apuntan a modelos alternativos de gestión gubernamental. El objetivo es siempre el mismo: que las mejoras lleguen a la gente, sólo que, en este caso, no se lo hace mediante la verticalidad en el mando, sino a través del incremento de la participación ciudadana en las decisiones.
2) Como dije al principio, no sólo se trata de los gobernantes. Los gobernados también tienen mucho que revisar. Por sobre todas las cosas, es absolutamente clave avanzar hacia formas menos facciosas de comprensión de las relaciones entre intereses y actores.
En democracia se debate entre adversarios, no entre enemigos y, en ese aspecto, la sociedad tucumana (todos y cada uno de nosotros) tiene mucho por aprender.  Las interminables luchas internas, la desconfianza y la ingenua creencia de que se puede crecer en soledad son prácticas recurrentes en nuestra sociedad y que crean un obstáculo interno para el desarrollo.  
Joven democracia, es cierto. Pero lo suficientemente madura como para encarar el tránsito de un modelo gerencial a uno participativo, tanto en lo que respecta a gobernantes como a gobernados. Nadie puede evadir sus responsabilidades en esta construcción colectiva.