Fueron 24 años de difícil aprendizaje institucional

Mañana se cumplirán 24 años desde que, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín juró como primer presidente elegido por el voto popular tras el golpe de Estado de 1976. En Tucumán, el proceso de institucionalización comenzó un día después con la asunción -como gobernador- del justicialista Fernando Riera. Los años transcurridos desde entonces no fueron precisamente tranquilos. Dos Constituciones signadas por la polémica fueron sancionadas en la provincia, que en 1991 debió ser intervenida (por la Nación) por una profunda crisis socio-política. Dos ex gobernadores (José Domato y Antonio Bussi) fueron detenidos (el primero luego fue absuelto y el segundo sigue en esa situación) y la administración de Julio Miranda (1999-2003) atrajo la mirada mundial, como consecuencia de la muerte de una veintena de niños desnutridos. El rostro de este problema fue Barbarita Flores, que en 2002 lloró ante las cámaras de televisión luego de haber relatado cómo se desmayaba de hambre en la escuela (ver foto).
El hiato institucional que se había producido entre 1976 y 1983 se sintió en la provincia. Pese al restablecimiento de la democracia, las dificultades para expresar las diferencias en un marco institucional de orden y respeto pronto se hicieron patentes. Tal fue lo que sucedió con el Colegio Electoral de 1987, en que el candidato a gobernador que más votos había obtenido en las urnas (el radical Rubén Chebaia) no fue el que, finalmente, asumió, sino el justicialista Domato. Este pudo acceder al poder gracias a una alianza con el peronista disidente Osvaldo Cirnigliaro.
En aquel escandaloso Colegio Electoral quedó instalado el germen que acabó con la Constitución de 1907 (preveía el sistema indirecto de elección del gobernador) y que desencadenó los factores que en enero de 1991 determinaron la intervención federal de los tres poderes de la provincia y la designación (como interventor) de Julio César Aráoz.

El fin del bipartidismo
1987 también marcó el fin de la bipolaridad peronista- radical, la irrupción de lo que luego fue Fuerza Republicana (FR) y, con ella, la reaparición de Antonio Bussi, algo que sorprendió al país: que alguien que había regido la provincia de facto entre 1976 y 1977 fuera elegido gobernador en 1995, cuando la democracia estaba en un proceso de consolidación. Claro que para conjurar a Bussi, que se presentaba como un hombre ajeno a la política, que entonces comenzaba a ser identificada con la corrupción, el justicialismo tuvo que recurrir a un cantante: Ramón Ortega.
Desde la vuelta de la democracia, Bussi fue el único gobernador que fue suspendido (durante 53 días) y sometido a un juicio político. Aunque fue hallado culpable por desórdenes de conducta e incumplimiento de los deberes a su cargo (como consecuencia de que no había declarado que tenía cuentas bancarias en Suiza), el 5 de junio de 1998 el Tribunal de la Legislatura no reunió los votos necesarios para destituirlo. Un año y medio más tarde la Cámara de Diputados de la Nación le rechazó el diploma por inhabilidad moral y en octubre de 2003, al haber sido detenido por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, no pudo asumir como intendente de esta capital.
Del gobierno de Miranda, al que la Nación debió socorrerlo con el Plan Rescate, como consecuencia del problema de la desnutrición, emergió el actual mandatario, José Alperovich (de extracción radical). Este, reforma de la Constitución mediante, se convirtió en el primero en haber sido reelegido y el que goza -por primera vez desde 1983- de un escenario caracterizado por un debilitamiento sin precedentes de la oposición (principalmente de FR y de la UCR) que sea capaz de disputarle el poder.