Jueces y partes

De acuerdo con lo que informamos oportunamente, la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán, en un rápido trámite y con el voto de los ocho miembros presentes, resolvió archivar dos fuertes planteos presentados últimamente contra el jefe del Ejecutivo provincial. Uno era el pedido de destitución interpuesto por el juez Víctor Pérez, quien imputaba al gobernador por "cohecho activo" en la habilitación de la reforma constitucional. El otro consistía en una solicitud de juicio político, firmada por 5 organizaciones no gubernamentales, por considerar responsable al mandatario del incremento de la mortalidad infantil en Tucumán.
El intenso descrédito que la opinión pública dispensa a los procedimientos legislativos, no ha hecho sino reforzarse con el rechazo del pedido del juez Pérez. En efecto, los ocho legisladores que lo resolvieron están entre los acusados de haber recibido sobornos. Esa circunstancia, como no podía ser menos, pone en franco cuestionamiento su imparcialidad para adoptar una resolución de tal naturaleza.
Se trata de un asunto en el cual, puesto que son parte, no debían actuar simultáneamente como jueces, para descartar una decisión del Poder Judicial que los involucra.
Pareciera obvio que ese compromiso los inhibía, y que la comisión debió haberse integrado con representantes que no estuvieran afectados por la acusación, para dar a su pronunciamiento la seriedad que merecía.
Es sobreabundante recordar que la acusación de sobornos es extremadamente grave, y mucho más cuando, como en este caso, ha recaído sobre quienes fueron elegidos por el pueblo para estudiar y sancionar las leyes que han de enmarcar su vida. Y es evidente que aumenta esa gravedad, si cabe, el contexto en el cual se ha producido. Hablamos de la generalizada crisis no solamente económica sino de confianza pública en las instituciones.
Por encima de los pretextos legales que siempre pueden invocarse, era la oportunidad para el Gobierno de evidenciar, ante la escéptica ciudadanía, una actitud transparente. Es decir, dar lugar a un debate, en cuyo transcurso se pudiera llegar a la verdad sobre un asunto tan delicado, que por su naturaleza no puede quedar como mero episodio dentro de las turbulencias políticas últimas.
Si el gobierno hubiera podido demostrar ante la Legislatura su falta de responsabilidad en aquellas cuestiones, hubiera salido fortalecido.
Pero, al bloquearse el tratamiento por decisión, como decimos, de legisladores sospechados, queda en el ambiente la sensación de que se ha protegido la impunidad. Ello no hace ningún favor a las instituciones, e incrementa fuertemente la desconfianza con la cual la ciudadanía mira el accionar de su Poder Legislativo.
Pensamos que no es esa la manera de responder a los requerimientos de una parte mayoritaria de la población. Esta, como lo expone a diario, aspira a un cambio profundo en los estilos de gobierno, y quiere que se haga la luz sobre los manejos internos de la administración, en todos sus niveles.
Bloquear esa inquietud representa una tesitura equivocada y no hace sino fortalecer una prevención que crece día a día, no solamente en las provincias sino en toda la Argentina, acerca de quienes desempeñan funciones de mando.
Deben dejarse de lado alguna vez el espíritu de corporación de los políticos y demostrar una conciencia acerca de la urgente inquietud que tiñe esta particular instancia de Tucumán y del país. Es decir, se requiere un urgente cambio de conciencia y una no menos premiosa adecuación a la realidad. De otra manera, será imposible responder a las inquietudes que hoy se han convertido en prioridad para todos.