Consideran errónea la exigencia de la Anses al PE

Una polémica se desató en la Justicia en torno de la jubilación de los magistrados. Se debe al reajuste que debe realizar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en los porcentajes que los jueces y funcionarios judiciales efectúan en concepto de aportes previsionales para que puedan jubilarse con los beneficios de la Ley 24.018. Esta permite que, cuando se retiran, gocen del 82% móvil del haber que perciben quienes continúan en actividad.

Exigencias
Para que los magistrados tucumanos puedan iniciar los trámites jubilatorios, la Anses exige que, previamente, sean canceladas las diferencias de aportes que se generaron entre 1996 y 2006. En agosto de 1996, Tucumán transfirió el sistema previsional a la Nación. Como consecuencia, desde entonces, los magistrados aportaban el 7% o el 11%, según si estaban enrolados en el sistema de capitalización o en el de reparto, respectivamente. Pero, en ambos casos, tal retención se hacía tomando como base la suma tope (rondaba los $ 3.100, aunque variaba según la categoría) que percibían quienes se jubilaban, porque no existía movilidad en los haberes.
El 1 de junio del año pasado, el gobernador, José Alperovich, y el presidente, Néstor Kirchner, firmaron un acta por medio de la cual acordaron que jueces y funcionarios judiciales iban a poder gozar de la movilidad que establece la Ley 24.018.
Pero la Anses entiende que, para que ello sea posible, primero hay que saldar las diferencias que surjan de aplicar en cada caso una retención del 12% y no sobre la suma tope que rigió desde 1996, sino sobre los haberes mensuales que cada magistrado percibió entre 1996 y 2006. En virtud de este desajuste, lo supuestamente adeudado suma globalmente alrededor de $ 9,5 millones.
La Anses fijó su posición por medio de la circular GP 5, del 4 de enero de este año. En ella, determinó: "el haber se establecerá en el 82% de la remuneración total sujeta al pago de aportes, correspondiente al interesado, por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio. Los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de Tucumán aportan, a partir del 1 de agosto de 1996, el 12% sobre el total de la remuneración percibida". Sin embargo, algunos magistrados consideran que la postura de la Anses es errónea. Tal es el caso de José Antonio Barrozo, vocal de la sala VI de la Cámara del Trabajo. El argumento es el antecedente sentado por la sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, cuando declaró que el juez tucumano Marcelo Mendilaharzu estaba incluido en las disposiciones de la Ley 24.018. En la oportunidad, en el punto quinto de la resolución, el tribunal estableció: "imponer cargos al demandante (Mendilaharzu), en caso de existir diferencias por los montos que debió haber realizado, a partir de la vigencia del convenio de transferencia".
Barrozo fue terminante. "Advierto la posibilidad de que se cometa un grueso error que les costará a Tucumán y a los magistrados que se jubilen. Para concretar el reajuste, la Anses parte de 1996 y el fallo habla de 2006, cuando la Provincia y la Nación suscribieron el acta complementaria (del convenio de transferencia del sistema previsional). Entonces, hay mucha plata de diferencia, porque se trata de diez años. Hay que ajustarse a lo que dice la Cámara Federal de la Seguridad Social, porque se trata de una sentencia firme y que hace cosa juzgada. En cambio, la Anses fijó su posición inaudita parte (léase por sí misma, sin escuchar a otra parte)", advirtió.Para que los integrantes del Poder Judicial puedan jubilarse con el 82% móvil, según el planteo de la Anses, el Poder Ejecutivo debe promover una ley que disponga el pago de los $ 9,5 millones para cancelar aquella deuda previsional.