El año electoral más cuestionable

Se ha sostenido con razón que 2007 ha sido el año electoral más cuestionable, por sus irregularidades y por las sospechas de fraude que pesaron sobre todo el proceso, desde la restauración constitucional de 1983. En primer término, por el elevado grado de incumplimiento del Código Electoral y de las normas sobre financiamiento de las campañas políticas, en el orden nacional y en numerosas provincias. Las secuelas de esa realidad han comenzado a manifestarse con hechos muy concretos e indisimulables: en muchos casos, los poderes de aplicación de las leyes exhiben una tolerancia consecuente y hasta colaboran en la consumación de las irregularidades. Un testimonio excepcional de tales circunstancias ha sido la ley de virtual amnistía que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó por solicitud del jefe de Gobierno saliente y candidato derrotado en los comicios, Jorge Telerman. Con reducida oposición, la norma dejó sin consecuencias la violación de la ley 268, que limita los gastos de campañas políticas, excedidos por los tres candidatos más votados y rivales en las urnas. También se otorgó amnistía a los restantes incumplimientos de esa ley -plazos y modalidades publicitarias- que pena las violaciones con multas y hasta con la imposibilidad de ejercer cargos públicos en el futuro. La ONG Poder Ciudadano ha denunciado en esos casos “una política deliberada de ocultamiento o encubrimiento” de gastos declarados por partidos y alianzas.
Ese proyecto porteño se sancionó sobre tablas y sin permitir discursos, pero no es la única secuela del estilo irregular que afecta a las instituciones.
Diferente, aunque no menos testimonial, ha sido la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación durante la cual prestaron juramento los nuevos legisladores del cuerpo, con excepción de los 35 de la provincia de Buenos Aires, que no pudieron hacerlo porque el escrutinio electoral sólo se ha completado, a más de un mes de los comicios,en tres de las ocho secciones electorales. En algunos distritos clave, como La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, siguen numerosas urnas sin abrir, a lo que contribuye un confuso sistema de listas colectoras, amén de otra variedad de irregularidades denunciadas ante la Justicia Electoral. Consecuencia de ello será que el nuevo gobernador de la provincia, Daniel Scioli, deberá acceder el lunes a su cargo con la oportunista suspensión, “por única vez”, de un artículo del reglamento parlamentario bonaerense.
Otra cuestión pendiente al momento de asumir las nuevas autoridades de la Nación es la notoria violación de las normas sobre recursos electorales, respecto de lo cual debe dictaminar la Justicia. Lo más ostensible ha sido la confusión entre actos de gobierno y hechos propios de las campañas oficialistas, especialmente la presidencial. La autoridad a cargo es la jueza federal y electoral María Romilda Servini de Cubría, la misma que con relación a las elecciones de 2003 dispensó los excesos de los más votados candidatos presidenciales: Carlos Menem y Néstor Kirchner. Las situaciones expuestas fueron precedidas por la decisión que dejó sin efecto la obligatoriedad de elecciones internas o primarias en los partidos, lo que contribuyó deliberadamente al peligroso modelo de la democracia de candidatos con alianzas oportunistas y al ostensible descontrol de los recursos públicos, lo que incluye, el ocultamiento de sus orígenes.
La Argentina se ha convertido, pues, por desidia política o por deliberada estrategia, en uno de los países más cuestionables por sus prácticas electorales.