Hace dos meses, la Secretaría Administrativa de la Corte Suprema de Justicia envió al Poder Ejecutivo el detalle de las diferencias de aportes previsionales que cada magistrado o funcionario adeuda a la Anses en concepto de reajuste retroactivo a 1996. “Para ello hubo que rectificar las declaraciones juradas mensuales de contribuciones, tal como lo exige la cláusula quinta del acta complementaria (suscripta entre la Nación y la Provincia)”, explicó a LA GACETA Carolina Ledesma Padilla, secretaria coordinadora de la mencionada Secretaría del alto tribunal.
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