La jubilación de magistrados depende de un pago a la Anses

Sólo falta una norma (proyecto de ley o decreto) para que 66 magistrados, 50 funcionarios judiciales y 25 jueces de paz puedan iniciar los trámites jubilatorios y, finalmente, puedan acceder a los beneficios previsionales que brinda la Ley nacional 24.018. Esta permite que, si se retiran, gocen del 82% móvil del haber que perciben quienes todavía permanecen en actividad.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, y tres vocales de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur (presidente), Héctor Eduardo Area Maidana y Antonio Estofán, convinieron cómo podría hacerse para afrontar los $ 9,5 millones que exige la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en concepto de reajuste retroactivo de los aportes previsionales que efectuaron los magistrados.
En julio de 1996, la Provincia transfirió a la Nación el sistema previsional. Desde entonces, cada vez que se producía un retiro, los haberes de quienes se jubilaban quedaban sujetos a un tope (rondaba los $ 3.100). Con tal fin, quienes estaban en actividad aportaban en carácter previsional el 7% (si estaban en el sistema de capitalización) o el 11% (si estaban en el sistema estatal o de reparto) tomando como base la suma tope, que variaba según la jerarquía del cargo.
El 1 de junio del año pasado, el gobernador José Alperovich y el presidente Néstor Kirchner suscribieron un acta por medio de la cual posibilitaron que los magistrados y funcionarios judiciales pudieran acogerse a la Ley 24.018 (garantiza el 82% móvil en vez de un tope fijo), de la que gozan los jueces federales. No obstante, la cláusula quinta de tal acuerdo, que fue ratificado por la Legislatura provincial el 1 de diciembre de 2006 mediante la ley 7.853, establece: "la Provincia tomará los recaudos pertinentes a los fines de instrumentar en las declaraciones juradas mensuales de aportes y contribuciones la eliminación de los topes máximos, conforme rige para los magistrados del Poder Judicial de la Nación, así como garantizar el aporte del 12% de sus haberes mensuales".
Como consecuencia, por medio de una acordada del 19 de febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ordenó que a los magistrados y funcionarios incluidos en el anexo "A" del acta (comprende desde vocales de Corte hasta jueces de Paz), a partir de enero de ese año, se les descontara de sus haberes el 12% en concepto de aportes previsionales. No obstante, como la Anses exige que eso se ajuste retroactivamente a 1996, porque desde entonces comenzó a regir el congelamiento (y la aplicación de un descuento del 7% o del 11%), primero hay que cancelar o asegurar el pago de los $ 9,5 millones que se acumuló por esa diferencia porcentual. Sólo entonces la oficina nacional admitirá que los jueces y funcionarios tucumanos comiencen los trámites jubilatorios bajo el régimen del 82% móvil.
Gandur y Jiménez acordaron que el Poder Ejecutivo dictará un decreto o impulsará una ley, para que la Provincia pueda recuperar de cada magistrado aquel monto que, en concepto de aportes previsionales personales rectificados (retroactivamente a 1996), el Gobierno desembolse a la Anses para que puedan empezar a gozar de los beneficios de la Ley 24.018. En el Poder Judicial esperan que la norma entre en vigencia antes de fin de año, para que los magistrados puedan comenzar los trámites jubilatorios a principios de 2008.
Los $ 9,5 millones incluyen el detalle de lo que cada magistrado o funcionario adeuda a la Anses en concepto de reajuste. En algunos casos, los correspondientes a aquellos que se encontraban en el sistema de capitalización y a quienes sólo les descontaban el 7%, las diferencias ascienden hasta a $ 70.000. El mecanismo previsto para saldar esto es que la Provincia -que se hará cargo en cada caso ante la Anses- descuente de los haberes previsionales que percibiera cada juez (ya con el régimen del 82% móvil) una cuota-parte de la deuda individual (incluida el costo financiero que determine el PE) que será prorrateada durante un lapso de 10 años.