Jerez quiere la adhesión provincial a la ley Carrió

Un elemento que surgió en la causa judicial en la que se investiga al intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana (PJ), por supuesta contaminación ambiental fue el disparador de un proyecto de ley que presentó el legislador, Esteban Jerez.
La defensa de Orellana, a través del abogado Nicolás Pedro Brito pidió la nulidad de todo lo actuado hasta el 29 de junio de 2003, cuando Orellana resultó electo legislador.
El letrado había fundamentado su planteo en una de las conclusiones del fallo de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que principalmente declaró competente a la Justicia Federal para que siguiera entendiendo en la causa (la defensa pretendía que pasara a la órbita provincial). En esa resolución, el tribunal con sede en la Capital Federal consideró también que el caso no resultaba aplicable a la denominada Ley 25.320 (más conocida como Carrió, por el nombre de su autora Elisa Carrió), que permite que, en la órbita nacional, un proceso siga adelante hasta su definitiva conclusión sin que, previamente, sea necesario privar de sus prerrogativas constitucionales al funcionario o legislador investigado.
A causa de esta situación, el legislador Jerez presentó un proyecto de ley que propone la adhesión a la ley Carrió. De hecho, el artículo primero establece que “cuando por parte de la Justicia provincial o federal se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión”.
“En el caso de dictarse alguna medida que vulnere la inmunidad de arresto, -propone- la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado no se sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello, el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión”.