Exigen el control público de los fondos fiduciarios municipales

El Tribunal de Cuentas de la Provincia fiscalizará los fondos fiduciarios de las municipalidades y también controlará qué administración dan esos gobiernos locales a los recursos provinciales distintos de los de la coparticipación de impuestos, como los que se destinan para obras públicas. Estas nuevas facultades para el ente de control técnico del Estado se harán realidad si prospera el proyecto de ley propuesto por el legislador radical José Manuel Cano, quien pretende que estas potestades queden establecidas en la Ley de Administración Financiera.
“En los últimos años, los tucumanos hemos podido advertir, con crudeza, las insuficiencias del control que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el destino de los recursos estatales, que pertenecen a los tucumanos”, manifiesta el parlamentario. Aclara que esas falencias no son imputables a la entidad de contralor sino a un sistema normativo que quita de su órbita el monitoreo de esos recursos, al igual que la falta de recursos humanos para ejercer la función que le ha sido conferida.

Los cambios
“Hay que terminar con este diseño legal inexplicable, que les permite a las autoridades sustraer del control social una enorme cantidad de recursos estatales con la simple decisión de destinarlos a fondos fiduciarios. Es inadmisible que haya un solo centavo del pueblo al margen del escrutinio de la ciudadanía”, alega el opositor en los fundamentos de su iniciativa.
Por ello, propone que la Ley de Administración Financiera fije que corresponde al Tribunal de Cuentas “el control de (...) los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado provincial”. “Aquí se trata, también, de evitar que los aportes del Gobierno para las municipalidades, destinados a la ejecución de obras y otros fines específicos, queden fuera del control del Tribunal de Cuentas por el sólo hecho de haber sido canalizados por esta vía”, expresa el parlamentario.
Justamente, la norma incluye a los agentes de las municipalidades a los que se confíe el manejo de fondos públicos entre los que están obligados a rendir cuentas al ente de control. De igual modo, el control preventivo es ampliado para los municipios cuando se trate de recursos del sector público.
A la vez, el proyecto plantea la modificación de la Ley Orgánica de Municipios, para consignar que uno de los deberes de los intendentes es brindar al Tribunal de Cuentas toda la información relativa a la inversión de fondos provinciales, distintos de los que a las municipalidades les corresponden por coparticipación de impuestos.
“Con esta distinción entre fondos de coparticipación y los de carácter provincial, se respeta la autonomía municipal consagrada en la Constitución”, explicó.