El presidente Duhalde y el ministro del Interior, Jorge Matzkin, analizaron ayer la situación del gobernador Julio Miranda, tras el pedido del juez de instrucción Víctor Pérez a la Legislatura para que lo destituya. Al término de ese análisis se pudo conocer que la conducta del poder central seguirá siendo abstencionista para no sumar un nuevo conflicto a los que ya padece el justicialismo, pero que esa posición presidencial será posible solamente si el caso deriva en el alejamiento no tardío de Miranda; es decir, un abandono de la gobernación por renuncia o decisión legislativa que, según se estima en la cartera política nacional, cuenta con un plazo relativamente breve. Deberá descartarse una intervención federal del ejecutivo provincial, pues las instituciones tucumanas están funcionando, advirtiose igualmente, mientras se espera el regreso de la señora de Duhalde, cuyo distanciamiento del mundo oficial de la provincia es considerado aquí como una referencia del destino final de Miranda. Lo que le interesa al Presidente a esta altura de los acontecimientos, es que el alejamiento del gobernador no implique el del sector partidario que integra y que es fiel al duhaldismo.
Fin del bloqueo
El acuerdo sobre ejecuciones hipotecarias no bancarias ha permitido levantar el bloqueo radical y de cierto sector justicialista que paralizó a la Cámara de Diputados, pero la fórmula elegida, de muy difícil cumplimiento, parece más bien una excusa para no hacerse responsables del fracaso de las coincidencias de Olivos. Entre estas, la definición de un calendario electoral que elimine nubarrones de desconfianza política externa. Esa alternativa remite a la Justicia la mediación para conciliar entre acreedores y deudores, con un plazo de 30 días, pero como se trata de algo más de seis mil casos, la saturación judicial puede ser insuperable. Para los observadores forenses significa algo así como tirar le pelota hacia delante para no tener que enfrentar una nueva reforma del sistema de quiebras, algo que colocaría al ministro de Economía, Roberto Lavagna, en un laberinto sin salida frente al sector externo. De todas maneras, Diputados, que no sesiona desde hace cinco semanas, se aprestaba al cierre de estas notas a aprobar el calendario electoral e introducirse en otra tradicional sesión maratónica de fin del periodo ordinario, con muchas votaciones a libro cerrado.
La vertiginosidad de la última sesión ordinaria de la Cámara baja probablemente ocultará el rubor que no pocos legisladores pueden sentir por la forma en que fueron demorados algunos proyectos que ahora deben salir, sí o sí. El más notorio, seguramente, es el Programa Nacional Alimentario, precisamente cuando el mundo observa escandalizado y perplejo la mortandad de niños por inanición, en un país con tan elevados recursos de alimentos. Otro proyecto clave, aunque de muy diferente significado y con ámbito en el Senado -bastante menos apremiado por la regularidad de sus reuniones- es la reforma de la Ley de Acefalía para salvar las objeciones constitucionales por el recorte del mandato presidencial a mayo, cuestionado por la Alianza de Ricardo López Murphy. (De nuestra Sucursal)
